En noviembre de este año se consiguió que el plenario de comisiones de Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura elevara al Recinto un proyecto de Ley de Humedales, el de Juntos por el Cambio con dictamen por mayoría. Sin embargo no hubo tratamiento de éste en las últimas sesiones del año en Diputados, ya que se requiere del acuerdo político de todos los sectores, algo que a las vistas no se consiguió. La buena noticia es que el dictamen favorable permite su tratamiento hasta diciembre de 2023, por lo que si bien este no fue el año de su concreción, no perdió estado parlamentario como ocurrió el año pasado.

El año legislativo ya tuvo su fin el pasado jueves en la última sesión, y habrá que esperar las voluntades de toda la Cámara para que la Ley de Humedales sea tratada en el marco un año electoral que avisora muchas dudas en torno a una decisión política positiva para que finalmente se generen los presupuestos mínimos a nivel nacional para promocionar la conservación, el uso sostenible y la restauración de estos ecosistemas, y poner fin a la disgregación de políticas y normativa que existen en las diversas provincias, un reclamo social que ya cumple una década (ver apartado).

Incólumes y estoicos, los activistas de un conjunto de organizaciones sociales nucleadas en la Multisectorial persisten con la campaña “Arden los humedales” en las redes sociales exigiendo el tratamiento de la ley con el hashtag #LeyDeHumedalesYA para pedir que Diputados atienda el proyecto de ley consensuado por cientos de organizaciones, especialistas y científicos, el cual también había tenido dictamen favorable pero espera con paciencia, por haber salido por minoría.

La diputada por Santa Fe Ximena García es una de los dos impulsores del proyecto que resultó mayoritario, desde Juntos por el Cambio. Este medio quiso contactarla para conocer su visión sobre por qué este año no pudo ser debatido finalmente, pero no hubo respuestas de la legisladora.

Los diputados por Santa Fe Eduardo Toniolli (FPV) y Enrique Estévez (PS) fueron consultados por Rosarioplus.com en torno a las causas por las que naufragó un año más el avance de esta ley. “No hay en el país una planificación para cumplir con los compromisos internacionales que suscribió, y uno de ellos es el cuidado de los humedales como ecosistemas fundamentales para frenar el cambio climático y evitar alguna de sus consecuencias como las grandes inundaciones y sequías”, reflexionó el socialista, quien aseveró luego: “Tanto en Juntos por el Cambio como en el Frente de Todos hay diversas miradas, pero en ambos bloques existe la mirada negativa a tener una Ley de Humedales. Este año no tenemos la ley porque eso se suma a la falta de impulso por parte del Ejecutivo”.

El diputado Toniolli por su parte esbozó que “finalmente no fue al Recinto porque algunos de los que firmaron por mayoría lo hicieron con el único objetivo de bloquear la llegada del dictamen de minoría que veníamos impulsando todos los diputados y las organizaciones que acompañamos el proyecto de ley consensuado en 2021. Hubo diputados incluso de nuestro bloque que no votaron por nuestro proyecto porque gobernadores del norte se opusieron al avance de este proyecto, con razones infundadas”.

Consultados ambos en torno a la posibilidad de fumata blanca en el avance de la ley para 2023, cada cual avizoró su mirada sin descartar un cauce. “El año próximo será electoral, y el tema humedales, en 2021 fue utilizado en las campañas electorales con promesas. Esperamos que se genere un consenso más amplio en el Congreso, y que el Ejecutivo impulse el tratamiento de este proyecto absolutamente necesario para preservar los humedales en el país”, preció Enrique Estévez.

Mientras Toniolli aseguró: “Desde mi lugar como diputado voy a reclamar su tratamiento en cada oportunidad, y espero que se dé porque el daño que se está haciendo es irreversible y los humedales son fundamentales para preservar el ambiente, son ecosistemas que ayudan a preservar el cambio climático”.

Diez años en espera

El primer proyecto se presentó en 2013, en el contexto de la declaración de los humedales del Delta del Paraná como sitios Ramsar y la creación del sistema Piecas, el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná. Un acuerdo interjurisdiccional entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, junto al gobierno nacional, cuyo objetivo era gestionar dichos humedales, un ecosistema compartido por las tres jurisdicciones provinciales. El Piecas existe, pero no es más que una teoría sin aplicar.

Luego tanto en 2015 como en 2018, dos proyectos de Ley de Humedales consiguieron media sanción en el Senado. Pero en ninguna de esas oportunidades se lograron aprobar en la Cámara de Diputados, y el proyecto de Ley de Humedales volvió al cajón.

Finalmente, luego de más de dos años de persistentes quemas de pastizales en las islas entrerrianas en el Delta del Paraná, que trajeron aparejadas una convención social en torno al reclamo ambiental, más de 300 organizaciones elevaron su proyecto de ley, el cual luego fue tomado por el diputado Leonardo Grosso, y surgieron nuevas propuestas desde otros bloques, con predominancia de uno presentado por varios legisladores de Juntos por el Cambio.

En un plenario conjunto de las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Hacienda, el 10 de noviembre se emitieron dos dictámenes al Proyecto de Ley de presupuestos mínimos para la identificación, conservación, protección, restauración ecológica y uso racional de los humedales. Uno de minoría -perteneciente al oficialismo- y uno de mayoría -de la oposición-.

Así como cuenta con varios apoyos, el proyecto oficialista también tiene sectores que se resisten a la iniciativa. Ricardo Buryaile, diputado nacional por Formosa y perteneciente al radicalismo, ha sido uno de los más férreos opositores junto a los llamados gobernadores del Norte Grande, quienes se encolumnan en la postura de supuestas consecuencias de la aprobación de este proyecto en términos económicos y sociales.