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Uno de los debates del año en el Congreso de la Nación envuelve a miles de argentinos: los inquilinos. El proyecto de ley de alquileres cuenta con media sanción de la Cámara Alta, actualmente se encuentra en Diputados y en Rosario son varios los actores que hacen fuerza para que finalmente llegue la sanción definitiva.

El concejal Carlos Comi, del bloque Coalición Cívica ARI, adelantó que esta semana en el Palacio Vasallo los ediles se pronunciarán a favor de la ley. “Se está trabajando en todo el país para que la norma sea aprobada y así se manifestará Rosario. Es muy importante un marco legislativo para eliminar los abusos y coerciones de parte del sector inmobiliario hacia los inquilinos. Porque al no estar legislado, en el momento de hacer el contrato aparece la imposición”, anticipó el legislador local.

Quien también milita por la ley es Ariel D’Orazio, miembro del Consejo Municipal en Defensa de la Vivienda Única. En su opinión, “el lobby inmobiliario ejerció presión a nivel nacional a través de Cambiemos, sector político que presentó otras iniciativas legislativas con el objetivo de trabar el debate del nuevo proyecto de ley de alquileres. El hecho es que, si pasa un año, perderá estado parlamentario”.

A las opiniones se sumó el ex concejal y presidente de la Concejalía Popular, Nire Roldán. “La ley nacional debe ser el marco para garantizar el derecho al alquiler justo”, remarcó.

Entre los principales puntos de la ley se destacan la creación de un registro de control de alquileres y locatarios, la puesta en marcha de servicios públicos del alquiler y una ley que, entre otros alcances, aumente a tres años las locaciones y que son solamente de dos. Otro de los puntos que implicaría un beneficio para los inquilinos es que los contratos se indexen solamente cada año y de acuerdo de un índice de precios y coeficiente de variación salarial.

En 2016, el Senado votó por unanimidad un texto impulsado por la senadora rionegrina Silvina García Larraburu, del Frente para la Victoria. Ahora, el Pro y la UCR proponen modificaciones y las Asociaciones de inquilinos temen que, en medio del clima electoral, el proyecto quede cajoneado.