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Fueron 20 años de reclamos y finalmente los vecinos de Pérez tienen su premio. La Cámara Contencioso Administrativa de Rosario le dio la razón a un viejo pedido y clausuró el denominado “Basural Rappetta” que según denuncias de los pobladores afectaba directamente la calidad de vida a partir de la presencia de roedores, moscas y olores nauseabundos que se generaban en la zona. El predio está ubicado a apenas 700 metros del ejido urbano y dentro de la cuenca del Arroyo Ludueña.

El basural perteneciente a la empresa Séptima Región funciona desde 1997 en un predio de 2,5 hectáreas ubicado en Pérez y a lo largo de los años dividió sus funciones en dos: el basural a cielo abierto y el tratamiento y disposición final de líquidos y residuos industriales. La segunda actividad fue la que generó mayor cantidad de reclamos (incluso de vecinos de Funes, Soldini y el oeste de Rosario), a punto tal que en 2010 la Secretaría de Ambiente de la Provincia determinó que la firma ya no podría operar con líquidos y que, además, debía presentar una “remediación ambiental”, es decir, un plan para minimizar los pasivos ambientales que generó el emprendimiento.

Pero Séptima Región no se rindió así nomás e inició juicios contra los fallos que limitaban su actividad. Hasta que finalmente, este lunes, llegó la respuesta definitiva por parte de la Justicia. “Es un fallo que corona la pelea de los vecinos de Pérez y es también muy importante desde el punto de vista jurídico porque hace mucho hincapié en el rol que en cuestiones ambientales tienen que tener las autoridades locales”, celebró Gilda Smerilli, abogada patrocinante de los vecinos, en diálogo con Rosarioplus.com.

A lo largo de los años fue fundamental la lucha de los vecinos que multiplicaron sus voces en manifestaciones, siempre atentos a que el basural no vuelva a operar. De la mano de la ONG Ojos Ciudadano instalaron en la agenda la problemática que afectó fundamentalmente a Pérez y luego de cinco años de juicio recibieron la buena nueva.   

De quedar firme la sentencia, los vecinos ya piensan en exigir la remediación ambiental y monitorear el cierre de las actividades prohibidas.