Hace seis años, el sociólogo Ariel Lede y el historiador Lucas Bilbao, autores del libro Profeta del Genocidio, recibieron un documento que los marcó para siempre. El sacerdote tercermundista de la orden de los jesuitas, José María Meissegeier, les entregó el diario personal del monseñor Victorio Manuel Bonamín. Lo relevante del escrito obsequiado es que en él se presentan datos concretos de la participación de la Iglesia, a través del vicario castrense, en la última dictadura cívico-militar.

"El vicariato castrense ocupó una posición central en el modo de que las fuerzas armadas llevaron a cabo lo que ellos llamaron la lucha anti subversiva", señaló Ariel Lede, en diálogo con Rosarioplus.com. Según explicó el sociólogo de la Universidad Nacional de La Plata, el vicariato castrense formaba parte de una estrategia global de la iglesia argentina, donde se delegaban funciones a los capellanes militares para que realicen "el trabajo sucio" en la represión clandestina.

"Había tres puntos principales, tres grandes funciones de los capellanes en esos años (1976-1982): otorgar un aval religioso a los militares y legitimar la represión; brindar apoyo moral hacia las tareas ilegales, lavando las culpas de los torturadores; y utilizar la confesiones religiosas de los detenidos como herramienta para extraer mayor información de la víctima o de los compañeros que estaban afuera", aclaró el miembro de la Asamblea de Socios del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Los escritos originales de Bonamín están guardados en la Comisión Provincial de la Memoria de Buenos Aires, pero antes fueron estudiados por Lede y Bilbao para reconstruir la historia e influencia del vicariato castrense en la dictadura militar. 

¿Quién era Victorio Manuel Bonamín?

El obispo rosarino fue designado provicario castrense en 1960, apenas tres años después de que el Vaticano y el gobierno dictatorial del general Pedro Eugenio Aramburu firmaran el acuerdo que creaba dicha entidad “para atender el cuidado espiritual de los militares de Tierra, Mar y Aire”.

Se quedó en ese cargo hasta 1982, subordinado por Adolfo Servando Tórtolo, vicario general de las Fuerzas Armadas y dos veces presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Durante toda la dictadura, se desplegaron más de 400 capellanes en las “zonas militares” que se sumaban a los obispos diocesanos, aunque el vicario y los capellanes militares ejercían la jurisdicción “primaria y principalmente”, según dicho acuerdo.

"Su rol eclesiástico lo cumplía atendiendo a militares", remarcó Ariel Lede y agregó: "Dirigía al conjunto de capellanes castrenses y a pesar de su rol, el de provicario (segundo en la escala), tenía la autoridad de vicario".

En su diario, Bonamín nunca dejó registro de su paso por algún centro clandestino de detención. Sin embargo, los escritos "han sido utilizados en algunas causas judiciales como pruebas". La investigación sobre su gestión ha sido aportada a muchas causas judiciales: en la causa del obispo Angelelli, en la megacausa Saint Amant II de San Nicolás, en la causa Feced, de Rosario, donde se investiga la responsabilidad del ex capellán Eugenio Zitelli, y otra por el asesinato de Luis Anselmo Bonamín. También fue aportada a la causa en la que podría ser procesado Monseñor Grasselli. Además de un listado biográfico de 33 capellanes de los cuáles hay pruebas concretas y testimonios de su paso por centros clandestinos o cárceles donde se torturaba a los detenidos.

"En los últimos años de su vida, dedicaba un tiempo a quemar documentación. Porque decía que podía comprometer a otros", contó Lede, al relatar los últimos días del sacerdote. 

Bonamín murió en 1991, a los 82 años, en el seminario de la Casa Obra Salesiana Ceferino Namuncurá en Funes.

Presentación de "Profeta del Genocidio" en Rosario

Este viernes a las 19, Ariel Lede y Lucas Bilbao estarán presentando su nueva obra en el Museo de la Memoria (Córdoba 2019). Participarán de la exposición: la docente de la UNR y querellante en causas de delitos de lesa humanidad Liliana Gómez; el fiscal federal Gonzalo Stara, el periodista y diputado provincial Carlos Del Frade, el querellante en causas de delitos de lesa humanidad Lucas Mac Guire y la abogada Gabriela Durruty.