Este miércoles se conoció tras una reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados y Diputadas, que llevarán la discusión sobre actualizar la vetusta Ley de Agroquímicos (anterior al glifosato en Santa Fe) al diálogo con el Ejecutivo, ministros y el Senado.

Sin embargo los ambientalistas que promueven uno de los principales proyectos de ley no fueron anoticiados oficialmente, y consultados por este avance, manifestaron que no ven con buenos ojos que se debata entre poderes cuando su proyecto aun no es debatido dentro de la Cámara, y su pedido de reunión de hace dos semanas no fue respondido. 

La comisión de Medio Ambiente presidida por Erica Hynes decidió armar una mesa de trabajo inter poderes con sus pares del Senado provincial, pedir audiencias a los ministros de Salud, Medio Ambiente y Producción de Santa Fe con el objetivo de lograr avances concretos en la nueva normativa, antes que expire el debate en noviembre próximo.

La modificación a la Ley 11.273 que permite la fumigación a 500 metros de los ejidos urbanos -ya que son innumerables los estudios científicos que han mostrado los problemas de salud en la población santafesina-, perdió unas cinco veces estado parlamentario desde 2010, en cada intento por ampliar ese margen y que los productos como el glifosato sean utilizados a 1500 metros del límite de cada ciudad, y controlado por el Estado su cumplimiento.

La presidenta de la comisión de Ambiente Érica Hynes precisó a este medio que en la Comisión se analizó "la cuestión de la normativa en los distintos niveles, el nivel nacional, provincial y de los gobiernos locales, que son los que deben regular el uso de las sustancias plaguicidas", así como "el control del cumplimiento, que va más allá de que tengamos una ley buena o una que necesita ser actualizada".

Reconociendo la problemática lo que se busca en esta mesa de inter poderes es "sumar al Poder Ejecutivo, hablar con los ministros y las ministras, pedirles audiencias y que ellos nos indiquen personas de sus equipos para que puedan trabajar con nosotros y que puedan garantizar el avance hacia una ley más actualizada, que contemple nuevas perspectivas del derecho ambiental, y también que se comprometan luego en su cumplimiento". 

Hynes destacó que “a pesar de tres intentos por modificar la ley se lograron media sanción en la Cámara de Diputados y Diputadas, los proyectos nunca avanzaron en el Senado. Ahora, ante la existencia de iniciativas en ambas cámaras, buscamos espacios de diálogo y trabajo, sumando también al ejecutivo provincial, con la expectativa de encontrar puntos de acuerdo que permitan mejorar la normativa”.

Según su análisis, tanto el Ministerio de Producción como el de Ambiente tienen incumbencia en distintos aspectos de la problemática, pero también el de Salud debe tener voz cuando discutamos los posibles avances en la normativa". El objetivo entonces es que "en esas discusiones haya una escucha no dicotómica entre producción y ambiente, ni entre producción y salud, sino que  pueda encontrar caminos que contemplen una forma de producir con menos impacto ambiental y con más valor. Se trata de un camino difícil pero es nuestra responsabilidad emprenderlo y empezar a caminarlo".

Los ambientalistas se sienten desoídos

A pesar de que una búsqueda de diálogo y puesta en agenda política de esta ley es un avance, esto no fue visto con buenos ojos por el activista ambiental Sergio Gorosito, quien consultado por Rosarioplus.com precisó que “Hynes no respondió nuestro pedido de una reunión para que se discuta el proyecto llevado por Carlos Del Frade (vicepresidente de su comisión), y como directamente anunció que se reunirá con otros poderes nos queda la duda de si este proyecto se debatirá o no”.

El proyecto al que refiere Gorosito es el creado por la organización Pare de fumigarnos, que prohibiría las fumigaciones aéreas, ampliaría a 1500 metros la distancia de los ejidos urbanos, y sacaría los silos de cada ciudad, destacó. “Tenemos la duda de por qué causa no se reunieron con nosotros para escuchar la propuesta, o por qué no se debate dentro de la Cámara en vez de salir a hablar con otros poderes”, finalizó.

Hynes fue consultada por este medio sobre qué proyectos de ley se estarán debatiendo, y confirmó que el de Del Frade será de la partida, "acompañado por diputados de otras bancadas; y a su vez en la Cámara de Senadores existe un proyecto de ley de Rubén Pirola, denominado 'De protección de la salud humana, los recursos naturales y la producción agrícola', que no plantea una modificación a la ley vigente, sino que es una propuesta de una ley nueva. Esos dos proyectos tienen actualmente estado parlamentario en ambas cámaras".

El fallo histórico de San Jorge y el amparo en Sastre

La ley provincial de productos fitosanitarios se aprobó en 1995, y cuenta con autonomía de los municipios, por lo que en los más de 25 años de vigencia de la ley, muchos municipios y comunas fueron estableciendo los límites urbanos, en especial, las distancias en las que está prohibida la aplicación de los agroquímicos.

Las fallas en los controles y la disparidad en las normativas locales provocaron la judicialización creciente del tema. En 2009 el fallo “San Jorge" dejó firme la sentencia que prohíbe las fumigaciones con glifosato en cercanías de zonas urbanas de la ciudad, a una distancia no menor a 800 metros para fumigaciones terrestres y de 1.500 para fumigaciones aéreas, a contar dichas medidas desde el límite de la zona urbana.

A aquel fallo histórico se sumó en febrero de 2020, a raíz de un amparo colectivo, se fijó un perímetro de exclusión de 800 metros para fumigaciones terrestres en la localidad de Sastre y Ortiz. También creció el número de gobiernos locales que emitió ordenanzas al respecto.