La UOM va por duras sanciones a los empleadores que incumplan obligaciones
La Unión Obrera Metalúrgica impulsa un proyecto de ley para que se sancione a los empresarios que no cumplan con las obligaciones como empleadores, provocando incluso la imposibilidad de salir del país, entre otras medidas. Para ello, pedirán que se cree un Registro de Deudores Laborales Morosos, donde figuren los incumplidores.
Este lunes el proyecto de ley será presentado de manera oficial y el martes ingresará al Congreso, vía Cámara de Diputados. Se trata de una iniciativa del gremio que será acompañada por los legisladores nacionales Luis Contigiani (PS), Alejandra Rodenas y Lucila De Ponti (PJ), entre otros. A la presentación oficial asistirán distintos gremios locales y legisladores provinciales y concejales de la ciudad.
"Creemos que es una herramienta que va a ser muy útil, más en los tiempos que vivimos en los que hay una infinidad de incumplimientos de las obligaciones que le corresponden a los empleadores", le dijo a Rosarioplus.com el abogado de la UOM Rosario, Pablo Cerra.
"Seguimos trabajando y desarrollando iniciativas para salvaguardar fuentes laborales. Estamos atravesando momentos muy difíciles y más cuando vemos un gobierno nacional que desoye el reclamo del sector", agregó Antonio Donello, secretario general del gremio a nivel local.
El proyecto de ley implica la creación de un registro nacional de deudores laborales morosos, en el que se inscribirá a toda persona física o jurídica que incumpla con sus obligaciones como empleador, desde el pago de remuneraciones, indemnizaciones o convenios laborales homologados.
El registro dependenrá de una oficina, creada para tal fin, que estará bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, con coordinación con los gobiernos provinciales.
El registro se alimentará de los oficios judiciales que se emitan en el marco de un proceso, o bien por sumarios administrativos creados a través del Ministerio de Trabajo. Serán las pruebas que acrediten la falta de cumplimiento de los acusados.
Quienes queden inscriptos en este registro tendrán más de un dolor de cabeza. Es que el proyecto contempla sanciones que van desde no poder salir del país, tramitar la licencia de conducir, o acceder a créditos bancarios y contratos con la administración pública.