Marchan frente a los Tribunales Federales en reclamo de una mejor Justicia
La manifestación se llevará a cabo, a las 18, frente a las puertas de los Tribunales Federales, ubicados en bulevar Oroño 940, entre las calles Rioja y San Luis.
Distintas organizaciones de Derechos Humanos sindicales, sociales y políticas marcharán, este martes a las 18 horas, bajo la consigna “Democratizar la Justicia” y contra la Corte Suprema.
La manifestación se dirigirá hacia el Palacio de Tribunales en la ciudad de Buenos Aires, pero se replicará en todo el país. En Rosario, se realizará frente a las puertas de los Tribunales Federales, ubicados en bulevar Oroño 940, entre las calles Rioja y San Luis.
La convocatoria tendrá como objetivo la reforma integral de la Justicia y la renuncia de los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de una convocatoria encabezada por la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) a la que se han sumado diferentes voces: desde sindicatos y organizaciones de trabajadores, hasta legisladores.
La convocatoria en Plaza Lavalle de CABA, frente al edificio situado en Talcahuano 550, y participarán, entre otros, el cosecretario general de la CGT y secretario general adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano; el titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; el dirigente social Luis D'Elia, y uno de los organizadores de la protesta, el juez del Tribunal Oral Criminal 29 Juan María Ramos Padilla.
Ramos Padilla, amigo personal del expresidente Raúl Alfonsín, fue uno de los primeros jueces que investigó la disposición final de desaparecidos en cementerios públicos de la provincia de Buenos Aires. El magistrado convocó al acto para que el Poder Judicial "se transforme en un servicio de justicia" y no quede reducido a una "protección a intereses que no son los propios de los argentinos".
También anunciaron su participación las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Capital y la Asamblea Permanente por los Derechos humanos (APDH), entre otros organismos.
El partido Frente Grande dijo que acompañará "con expectativas y esperanzas" la movilización al Palacio de Tribunales.
La alianza Juntos por el Cambio criticó la marcha y señaló que suma "gravedad institucional" a la escena política. Señaló que la Constitución establece un mecanismo para remover y estimó que "este procedimiento no puede ser sustituido por reclamos facciosos como los que alienta el Gobierno", según interpretan.
La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerrutti, aclaró que el Gobierno "no toma postura" respecto a la marcha: "El Gobierno no toma posturas sobre las marchas que organiza ningún sector de la sociedad, ni ningún sector político ni social. Forman parte del derecho a expresarse de los diferentes sectores de la sociedad y no son temas sobre los que tenga que opinar el Gobierno", dijo.
Pero dijo que "la postura del Gobierno respecto de la Corte Suprema, y de la tardanza de la Justicia, así como a la arbitrariedad con la que algunos casos se resuelven más rápido que otros, y respecto de la falta de justicia en general, es bien conocida".
D'Elía dijo este lunes en declaraciones radiales que "esta Corte deja mucho que desear en términos de independencia y está subordinada a intereses que no tienen nada que ver con la justicia en Argentina". Por ello aseguró que "mañana a las 8 de la noche la Corte Suprema tiene que presentar su renuncia e irse".
En tanto, el sindicato docente Suteba también convocó a la manifestación por una "Justicia Independiente y Democrática" y dijo que "mañana marchamos a las 16 desde el Obelisco a la Corte".
Las tres principales consignas del acto son el repudio al desempeño de la Corte y sus miembros, el reclamo contra la impunidad y el fin del "lawfare" o la "guerra judicial" con fines políticos.
El exjuez Daniel Llermanos, otro de los convocantes a la marcha, sumó en Si 98.9 que no cree que la marcha “pueda modificar algo de uno de los pilares del Estado de Derecho, pero que tampoco resulta intrascendente, en la medida que se trate de una actividad contante y permanente se pueden obtener cosas”.
Además, le respondió a quienes consideran que este tipo de manifestaciones son golpistas: “El pueblo tiene un derecho de peticionar a las autoridades y está en la Constitución, y quienes convocan son abogados, que tienen muy clara la legalidad de esta medida, nosotros no optamos por un camino violento ni golpista”.
Audio nota Daniel Llermanos.