La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción el pasao jueves a una revisión de la ley de talles provincial, que fue votada en 2007. El fin de la modificación es adaptarla a la norma nacional que se basa en un nuevo sistema de designación de talles, que se debe aplicar en todo el país y que se denomina Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (SUNITI). 

La ley santafesina fue votada a fines de 2007 y estableció que las empresas industriales radicadas en la provincia que fabriquen ropa femenina deben confeccionar prendas en todos los talles necesarios para cubrir las medidas antropométricas de la mujer adolescente y marcarlas de acuerdo a las normas IRAM. Además, establece que los comercios que vendan ropa de mujer deben contar con todos los talles correspondientes a las medidas antropométricas de la mujer adolescente en existencia.

La ley nacional, por su parte, fue sancionada en diciembre de 2019 y reglamentada 18 meses después. En su primer artículo, se establece la reglamentación específica del sistema de medidas corporales (SUNITI), con el objetivo de regular la fabricación, confección, comercialización o importación de indumentaria destinada a la población a partir de los 12 años. Además, se considera que esta ley es complementaria del Código Civil y Comercial de la Nación, de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor y de la ley 23.592 de Penalización de Actos Discriminatorios para su interpretación y aplicación.

La concejala rosarina de Ciudad Futura y activista gorda, Luz Ferradas dijo a Rosarioplus.com que esta modificación “intenta adecuarse a la norma nacional” y a la vez, “la norma provincial quedó solo en una declaración de intención en relación que suponía controles y sanciones a los locales que trasgredieran la ley".

“Eso no se pudo exigir a ningún local en la provincia, donde las mujeres encuentran talle hasta el 56. Eso no sucedió ni en 2007 cuando se sancionó la ley, con lo cual falta control y concientización”, explicó Ferradas. En cuanto a la ley nacional dijo que “aún no se encuentra implementada”.

“Estamos muy lejos del impacto concreto de estas leyes en la ropa que se encuentra en los locales y sobre todo que eso condiga con el impacto que debería tener en las personas que hoy van en busca de una prenda a esos lugares y no encuentran talles. Además, suelen tener talles distintos según la marca, lo que genera situaciones nocivas en la salud mental de quienes ven limitada la posibilidad de vestirse de acuerdo a sus deseos”, apuntó Ferradas.

“La ley de talles no obliga a producir todos los talles, pero sí a generar una tabla unificada a nivel nacional que contemple las características morfológicas propias de nuestra cultura. El talle único es discriminación y exclusión”, dijo a este medio la diputada socialista Leonela Catalini, una de las firmantes del proyecto provincial. Asimismo señaló que la aprobación “representa un avance en el derecho a vestirse, a elegir y en el respeto de la diversidad de todos los cuerpos”.

“Eso hace a la necesidad que se implemente una amplia curva de talles, pero también incentiva la producción local a través de las ayudas del Estado para producir con criterios de igualdad. Es un hecho importante para la provincia de Santa Fe”, sintetizó.  

“Los temas que parecen individuales se transforman en sociales en una sociedad que debe resolver sus problemas de discriminación. Por eso es importante que se realicen campañas de concientización para combatir estereotipos de belleza y generar conciencia. Es una gran noticia que se apruebe esta iniciativa que impulsamos junto a Giustiniani y esperamos la pronta sanción definitiva del Senado”,  agregó la diputada de Igualdad Agustina Donnet.

Según detalló la legisladora, entre un 65 y 70% de la población tiene dificultad para encontrar ropa de su talle. “Cuatro de cada 10 mujeres sienten que deben tener un peso apropiado para ser aceptadas socialmente y un 10% de la población sufre un trastorno alimenticio. Lejos de ser un tema superficial, es un problema de salud pública que debe ser abordado por el Estado de forma integral por sus consecuencias en términos de salud mental y física de las personas”.