Si la lupa se pone en la coyuntura, la decisión política cosecha elogios. Una obra pública con financiamiento genuino que dejará una "autopista de primer nivel, moderna y segura". La repavimentación estructural de la ruta que une a Rosario con Santa Fe pondrá fin a los eternos parches y a una traza en pésimo estado. Si el foco se amplía y se agranda la foto, la intervención deja aciertas dudas. Se trata de una inversión millonaria que tendría que haber hecho el emporio de empresas privadas que administró la autopista del 2010 al 2017.

La disyuntiva divide aguas en la política provincial. El oficialismo pasó de página luego de cerrar "sin culpa y sin cargo" el capítulo con Arssa, una concesión que terminó antes de tiempo por una serie de incumplimientos contractuales. La Casa Gris asumió la administración de la autopista y rápidamente diagramó un plan de obra para subsanar lo años de desinversión. 

Para parte de la oposición, en cambio, se naturalizó una rescisión "ruinosa" para las arcas públicas. El Estado provincial debe ahora asumir el gasto de una repavimentación que ya tendría que estar hecha. La queja toma más sustento al conocerse nuevos detalles de la obra: cuatro millones de pesos más por kilómetro por un asfalto que está peor de lo que se pensó al momento de presupuestar los trabajos. 

El incremento se lo confirmó el director de Vialidad Provincial Pablo Seghezzo a Rosarioplus.com. Se pasó de un promedio inicial de seis millones de pesos a 10 millones por kilómetro. "El estudio que hicimos arrojó que tenemos que ir más abajo para una buena reparación. No estamos hablando de una repavimentación común. Detectamos una falla en la estructura del pavimento. Hay que perforar más y por ende el presupuesto es otro", confió el funcionario.

Seghezzo aclaró que la obra permitirá tener una traza de "primera calidad con una vida útil de muchos años" que además bajará los costos de mantenimiento a futuro.  

En total son 240 kilómetros los que hay que reparar. Los primeros cien están casi listos. Se inaugurarán en julio, según lo anunciado. Hay un paquete de 70 kilómetros que serán licitados a la brevedad, una vez que se estabilice el marcado cambiario. El último tramo --otros 70 kilómetros-- será repavimentado en 2019. 

Con los números de hoy, la obra total rondaría los 2.400 millones de pesos, casi 100 millones de dólares, una cifra nada menor en medio de una coyuntura recesiva.

Sobre la "inversión doble" que denuncia la oposición por una traza que ya tendría que estar repavimentada, Seghezzo pidió "mirar la película completa". "El incumplimiento contractual fue de ambos lados. Arssa no repavimentó, pero no tuvo financiamiento o subvención del Estado, como si tienen y tuvieron otras concesiones, ni pudo actualizar tarifas. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Lo importante ahora es que vamos a dejar una autopista en excelente estado ", concluyó el funcionario

Acá no pasó nada

Amparándose en los resultados de un estudio técnico y jurídico, el gobierno optó a principio de año por un acuerdo "pacífico" con Arssa. Se desistió por lo tanto de sancionar a la empresa por sus incumplimientos contractuales.

Los primeros informes, los que realizó la UNR en 2016, concluyeron que la empresa repavimentó apenas el 24% de la traza y que no respetó los estándares de calidad exigidos por contrato. El perjuicio económico para las arcas del Estado se calculó en aquel momento en 1.554,8 millones de pesos. 

En abril del 2017, el Fiscal de Estado, Pablo Saccone, ordenó revisar el contrato por no haber “suficiente claridad y precisión” en la recisión del vínculo. Ante ese pedido, Lifschitz ordenó someter a revisión el convenio de extinción por mutuo acuerdo celebrado entre la provincia y Arssa. Se contrató a un estudio privado que avaló la decisión oficial. 

"La evolución desfavorable de las condiciones macroeconómicas y el estado estructural del pavimento real frente a la información suministrada en el proceso licitatorio, condicionaron el accionar tanto del concesionario como del concedente. Si bien el concesionario cumplió parcialmente con la obligación de repavimentar la autopista, debió implementar un plan de mantenimiento de la calzada mucho más exigente y de mayor envergadura del previsto, que le implicó consumir el 735% de lo comprometido en la oferta”, se explicó en el informe.

Del otro lado, la provincia como concedente “tampoco cumplió con los tiempos de pago estipulados para las obras complementarias” y aplicó “de manera extemporánea” el valor del precio por vehículo pasante, por lo que en dicha fórmula dejaron de tener “representatividad los gastos reales”.

La conclusión fue que “luego de cuantificar y homogeneizar en el tiempo los valores correspondientes a las citadas obligaciones del concedente y del concesionario, el balance se presenta equilibrado”,  

En lo jurídico, los especialistas encontraron “razones suficientes” para plantear “la neutralización de la culpa de las partes”. Se interpretó que "la notable afectación de la economía del contrato tornó imposible la continuación de la concesión en las condiciones pactadas, y que ello constituyó una justificación objetiva suficiente a efectos de determinar que existieron fundadas razones de interés público para extinguirlo por acuerdo de partes".