Gloria Ortíz tiene 69 años y hace unos meses se enteró de su diagnóstico de cáncer de pulmón en estadío IV con mutación EGFR, es decir que se ha extendido más allá de su lugar original, pudiendo afectar otras partes del cuerpo. El tiempo es oro en estos casos. Sin embargo, su obra social demora las autorizaciones correspondientes para poder iniciar con su tratamiento.

Luego de un mes de rodeos, llamadas sin contestar y respuestas inconducentes, su hija Sandy decidió dar a conocer esta situación a los medios para ver si de ese modo, ante la mirada pública, logra el medicamento por el que viene peregrinando desde hace semanas.

“Lo que pedimos es el cumplimiento de la ley, sólo eso. Hoy en día estamos contra toda normativa, con demoras, retrasos y sin respuestas ante un trámite que tendría que ser automático”, expresó su hija Sandy en diálogo con Rosarioplus.com. 

“Como es de su conocimiento la Ley Nacional 23.660 y el Programa Médico Obligatorio (PMO) establece la cobertura total de los medicamentos oncológicos. La negación o demora en la provisión de dicho medicamento constituye una violación a los derechos del paciente, a la salud, la igualdad, trato digno y a la vida, entre otras prerrogativas fundamentales, todos derechos garantizados en la Constitución Nacional”, explicita la intimación que presentaron ya hace cinco días. Sin embargo, siguen sin respuesta. 

Este medio se intentó comunicar con Osecac, sin recibir respuesta alguna y ni en la sede de Rosario ni en la central que se encuentra en Buenas Aires y es la encargada de las autorizaciones. 

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio, aseguraron que en estos casos intentan mediante la Secretaría de Acción Social agilizar autorizaciones que pueden estar trabadas por cuestiones burocráticas. Sin embargo a la damnificada no le dieron muchas esperanza. “Somos instituciones separadas”, le aseguraron a Sandy que llamó para poner en conocimiento al gremio de esta situación. 

Mientras tanto, los días pasan y Gloria atraviesa su enfermedad con paliativos ante la imposibilidad de acceder a lo que la Ley expresa que le corresponde por derecho.