Rosario es una de las ciudades más violentas de país. La estructura del narcotráfico hizo pie y pareciera haber llegado para quedarse. Los homicidios son moneda corriente y los robos, hechos cotidianos. Desde hace tiempo la inseguridad se convirtió en un tema de discusión permanente, al tiempo que la policía se transformó en uno de los puntos clave de cuestionamiento. La institución está en la mira de todas las críticas y sus miembros son protagonistas recurrentes de investigaciones penales. Sin embargo, hasta la fecha, Santa Fe no posee un órgano adecuado para abordar esta problemática, ya que todos los hechos donde los uniformados aparecen como sospechosos son abordados por la Unidad de Asuntos Internos. Es decir: policías que investigan policías. Pero, ¿es lógico que una institución acusada de corrupta sea controlada por sus propios integrantes? El de la policía ¿es un problema de individuos (buenos vs. malos) o de estructura?

A las pruebas me remito

La cuestión no son los casos particulares. El de la policía rosarina (y santafesina) es un problema estructural, atravesado por la corrupción desde sus comienzos. Según dijo una alta fuente judicial a Rosarioplus.com, el gran salto se dio durante la última dictadura militar, cuando las bandas de policías que se dedicaban a la detención ilegal de personas: se autofinanciaban. “Ahí aparecen masivamente delitos como la piratería del asfalto y el secuestro extorsivo. Secuestraban militantes políticos, pero también industriales, comerciantes, empresarios. Antes de la dictadura, las cajas de la Policía eran la prostitución y el juego. Con la dictadura empiezan a tener cajas recaudadoras más importantes, porque tenían mucho poder político. Había un movimiento sindical muy grande, era un polo industrial, un polo portuario, un polo del ferrocarril; con un aparato represivo acorde a su víctima”, explicó la fuente, quien remarcó que con la llegada de la democracia esta estructura no fue disuelta y, de hecho, muchos de sus integrantes pasaron a ocupar cargos jerárquicos dentro de la estructura.

Sin embargo, hasta hace unos cinco años, eran pocos los que se atrevían a señalar en forma directa a la institución. Hoy es muy diferente. Son los propios uniformados los que señalan, en off, a sus colegas; todos apuntan su dedo para el costado y aseguran no poder hacerse responsables por el trabajo del que está al lado. “Yo sólo me puedo hacer cargo del trabajo de dos o tres de los pibes que laburan para mi; por los demás no pongo la mano en el fuego”, señaló el jefe de una comisaría de una ciudad vecina, en el marco de una investigación de un homicidio vinculado al narcotráfico.

Estos dichos quedan en evidencia con solo mirar los casos más resonantes de los últimos cuatro años. En todos y cada uno hubo policías implicados. El triple crimen de Villa Moreno, ocurrido el 1° de enero de 2012 y que tuvo como víctimas a Jere, Mono y Patom, es el caso emblema de los últimos tiempos. Fue un hecho que, como tantos otros, podría haber quedado impune. Pero sus vecinos y compañeros de militancia del Movimiento de 26 de Junio se levantaron y exigieron a la Justicia que diera respuestas. Mediante numerosas denuncias y protestas instalaron en la sociedad y consiguieron que cuatro de los responsables de la masacre fueran condenados en forma ejemplar. De todas maneras, el caso no está cerrado aún, ya que en los tribunales provinciales se debe determinar la participación de tres miembros de la Unidad Regional II, acusados de incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado por su condición de policías.

El 5 de marzo de 2013 Hugo Tognoli, en ese momento jefe de la policía de la provincia fue arrestado, acusado de proteger a criminales. En base a una serie de escuchas, la Justicia Federal entendió que los narcotraficantes que operaban en Santa Fe debían pagarle un tributo. A su vez, lo acusaron del delito de coacción luego de que una mujer lo denunciara. El caso aún no llegó a juicio. Tognoli está preso en un penal bonaerense.

La llamada megacausa Los Monos –iniciada en 2013- fue el estandarte que levantó el gobierno provincial para desligarse de las acusaciones de inacción ante el evidente avance de las estructuras del narcotráfico en Rosario. En un juicio abreviado, un policía y casi toda la cúpula de la banda recibieron condenas. Al margen de la discusión sobre la eficiencia del dictamen (que es tema para otra nota), en los próximos meses serán llevados a juicio diez policías más, acusados de usar su condición de uniformados para que Los Monos traficaran y atacaran a su competencia con total impunidad. A algunos incluso se los señala como miembros activos de la banda.

Si bien estos son los casos más resonantes en los que las fuerzas de seguridad aparecen ligadas a estructuras criminales de envergadura en Rosario, una página aparte merecen los casos de gatillo fácil, en los que la Justicia suele justificar las muertes cuando los homicidios en manos de la policía son catalogados como enfrentamientos o intentos de robo basando los expedientes en las actas que la propia fuerza elabora.

La pregunta, entonces, vuelve a aparecer. ¿Vale responsabilizar sólo a individuos o nos debemos un debate acerca del control de la policía? La conformación de un organismo de control civil, autónomo de las fuerzas de seguridad, ¿no sería la forma más correcta de abordar de lleno el problema y otorgarle credibilidad a la justicia y a la policía?