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En 1982 se produjo una novedad en la relación entre los estados deudores y los bancos acreedores: la decisión de México de declarar unilateralmente la moratoria en el pago de la deuda. Esto desencadenó en América latina decisiones similares, en el lapso de tres años aproximadamente, aun con matices. Los estados deudores dejaron de pagar, los acreedores de cobrar y los accionistas propietarios de los bancos comenzaron a desesperar por la imposibilidad de cobrar dividendos, fruto de la inminente situación de insolvencia, dado el peso de la cartera morosa.

La respuesta del imperio no se hizo esperar. Ante la eventualidad de la quiebra generalizada de bancos estadounidenses poderosos y de trayectoria centenaria, aparecieron dos iniciativas diseñadas en el Tesoro estadounidense. La primera en octubre de 1985, hace ya treinta años, anunciada por el jefe del tesoro James Baker, en oportunidad de la realización de la asamblea anual del FMI en Seul. El funcionario afirmó que Estados Unidos lanzaría un paquete de ayuda para refinanciar las deudas, por 20.000 millones de dólares. Ni la extensión de los plazos ni la cifra ofrecida resultaban suficientes frente al tamaño del problema. Como alternativa fue un fracaso.

En marzo de 1989, el nuevo jefe del tesoro estadounidense Nicholas Brady anunciaba otro paquete de medidas. Asumía que la extensión de plazos por sí sola no resolvería el problema. Al girar la vista hacia la situación de insolvencia de los países deudores llamaba a los bancos acreedores a hacerse cargo de parte del problema ofreciendo quitas de diferente intensidad. Si bien ya se habían ensayado transformaciones instrumentales en el marco del plan Baker, con el Brady ello se aceleró.

¿De qué transformaciones instrumentales hablamos? Si la obligación de los deudores estaba documentada en instrumentos no endosables o con límites para hacerlo, se produjo una modificación o reemplazo: desde los pagarés (promissory notes) a los títulos de deuda soberana. Con ello se creó un mercado de títulos de deuda de los países deudores, generando un cambio relevante en el lapso de una década. Si en la crisis de 1982 los principales acreedores eran los bancos comerciales transnacionales, la transformación redujo la exposición de estas entidades y los nuevos acreedores en vez de una decena se extendieron a miles. Ya no era posible convocar a los acreedores en situaciones de imposibilidad de pago. A su vencimiento, cada título de deuda emitida debía ser cancelado. Si bien resulta obvio, ambas iniciativas vinieron acompañadas de exigencias tradicionales de ajuste fiscal, apertura externa, reducción inflacionaria, monitoreo del FMI, etc.

Para el caso de Argentina esto se puede ver con claridad desde el retorno de la democracia hasta el primer año de la reforma previsional que creó las AFJP’s en julio de 1994. El gráfico muestra ese cambio de perfil de acreedores.

Mirar el cambio de composición instrumental es imprescindible para entender lo que ocurrió en nuestro país en materia de privatizaciones durante los años noventa. Recordemos que una porción del precio de las empresas estatales rematadas en esos años, fue cancelada entregando títulos de deuda emitidos por el gobierno argentino, en condiciones de sobrevalorización respecto de la cotización real en el mercado secundario de títulos de deuda. Como consecuencia de esta transformación instrumental dejó de ser importante la capacidad de pago del deudor, siendo la transacción de compra y venta el objeto principal del nuevo negocio.

Tal situación y más allá de la resolución reciente de la ONU sobre reestructuración de deudas soberanas, emerge otra pregunta. ¿Por qué el modo de contraer deudas de los países periféricos debe serlo –preferentemente- mediante la emisión de títulos de deuda negociables libremente en mercados secundarios? La aparición de buitres financieros sólo es posible en escenarios en los cuales la deuda pueda ser transferida sin notificación ni aceptación del deudor cedido.