Diputados provinciales buscan que Santa Fe adhiera a la “Ley Micaela”, recientemente sancionada y que establece la creación de un Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres.

La adhesión de Santa Fe a la iniciativa que propone capacitar y sensibilizar en la temática de género a todos los funcionarios públicos de los tres niveles del Estado, surge por parte de los legisladores Silvia Augsburger y Rubén Giustiniani, del bloque Igualdad y Participación.

El proyecto plantea que las personas que ocupen cargos jerárquicos o de dirección en el Poder Ejecutivo; cargos de representación en el Poder Legislativo o desempeñen tareas de asesoramiento técnico en ese ámbito; cargos a partir del rango de secretario en el Poder Judicial; cargos a partir de Defensor Adjunto en el Servicio Público de la Defensa Penal ; o cargos a partir de Fiscal Adjunto en el Ministerio Público de la Acusación deberán acreditar formación en perspectiva de género. 

Además, establece que el Estado deberá garantizar esta formación dictándola por sí mismo o a través de convenios con instituciones. 

"La iniciativa busca producir un impacto a corto plazo hacia el interior de las estructuras burocráticas, una toma de conciencia masiva de las y los agentes del Estado acerca de la gravedad que significa una mujer muerta cada treinta horas en Argentina y la urgencia de cambio para empezar a revertir esta realidad que ya no se tolera más", señaló Augsburger.