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Se calientan los motores en las negociaciones paritarias estatales de Santa Fe. Lo primero es armar un cuadro de situación para ver dónde estamos parados a raíz de la política del gobierno nacional, presente en el consenso fiscal.

Los efectos tangibles de las políticas y acciones del gobierno de Cambiemos pueden ser caracterizados –en forma preliminar- de esta manera:

  1. Un proceso de transferencias de ingresos en cuatro dimensiones: del trabajo al capital, del estado nacional al capital, de la mayoría de las administraciones provinciales a la administración de la provincia de Buenos aires y la CABA, del capital pequeño y mediano hacia el grande, del capital local hacia el capital extranjero, esencialmente el financiero. Una estimación preliminar permite afirmar que entre diciembre de 2015 y diciembre de 2017, la transferencia del trabajo al capital alcanzó una cifra cercana a los 900 mil millones de pesos, esto es algo más que el 10% del PBI nacional estimado para el año 2017. Se trata de una reducción real de capacidad de compra y en consecuencia afectando los mercados de consumo masivo.
  1. Una alteración brusca de los precios relativos, esto es la marcha de cada precio respecto de los otros. Este proceso es particularmente intenso en los casos de las tarifas de luz, gas, agua, combustibles, etc.
  1. Una caída del nivel de actividad derivada del punto anterior que quitó dinamismo a la ya golpeada economía de 2015 cuya manifestación inmediata lo fue sobre el empleo: despidos, suspensiones, reducción de turnos, aumento de los procedimientos preventivos de crisis, cierre de establecimientos y/o empresas.
  2. Un impacto severo en la recaudación fiscal fruto de la caída del nivel de actividad y en consecuencia un proceso de incremento del déficit público.
  1. A raíz del aumento del déficit, del ensanchamiento del déficit comercial (exportaciones menos importaciones) y de la liberalización del mercado de cambios, el uso de la deuda pública local y extranjera como único recurso para diferir las situaciones de desequilibrio, que sin embargo aumentan la participación de las partidas para el pago de la misma (capital e intereses).
  1. Un aumento persistente del nivel general de precios de magnitudes fuera de las promesas iniciales. El IPC de la C.A.B.A. en 2015 fue de 26,9%, en 2016 de 41,0% y en 2017 de 24,3%. Esto sin entrar al cuestionamiento metodológico sobre la construcción de ese índice, cuestión que podría extenderse a las mediciones que hacen el Indec y el Ipec en la provincia de Santa Fe (la base de ponderación o incidencia de cada capítulo se construyó en función del perfil de consumo de los hogares de 2004/2005.

La participación de las remuneraciones del conjunto de las y los trabajadores estatales del gobierno provincial ha tenido un comportamiento interesante para observar.

Cuadro I

El cuadro muestra que en 2018 está prevista una caída de la participación de la masa de dinero destinada a remuneraciones y de la correspondiente al pago del conjunto de los beneficios previsionales, en relación a los dos sub períodos señalados. Se ha elegido relacionarlos con el ingreso total porque esa es la fuente de recursos disponibles.

La composición del presupuesto sigue mostrando un peso determinante de la partida con destino al pago de salarios y contribuciones, tanto para el plantel docente y no docente del estado provincial afectado al ministerio, así como las partidas transferidas a establecimientos privados para el pago de partidas homólogas.

Cuadro II.

 

Una de las preocupaciones emergentes es –junto a las previsiones presupuestarias 2018– la que surge del presupuesto plurianual aprobado, en línea con el compromiso de reducción del peso del llamado gasto público suscripto en el Consenso Fiscal y homologado por los legisladores santafesinos.

Se ha previsto un crecimiento del producto bruto interno nacional, que se estima replicaría en la provincia del 3,5% anual en el trienio 2018-2020, en términos reales. Reales significa una vez quitado el efecto de la inflación que se estima –por ejemplo- en 15% para 2018 y en 10% para 2019. Sin perjuicio de la interpretación que podamos hacer de esta cifra, lo que ha previsto el presupuesto plurianual es un crecimiento de dos velocidades: los ingresos más rápido que los gastos. Esto se traduce en más ajuste del gasto y su freno de crecimiento respecto del comportamiento del nivel general de precios (inflación), por lo tanto de su incidencia sobre los recursos de la provincia.

Por último, la discusión salarial en torno de índices siempre incompletos que miden el comportamiento de los precios, reduce la negociación -en el mejor de los casos- a restituir el poder de compra que tenía el salario al finalizar el acuerdo anterior. En consecuencia parece razonable y sujeto a derecho, en línea con lo que hace por ejemplo la federación de trabajadores del complejo oleaginoso, que se corra el eje y que se discuta el respeto del derecho constitucional homologado en el artículo 14 bis, es decir el acceso a la percepción de un salario mínimo, vital y móvil que permita cubrir los capítulos enunciados taxativamente en el artículo 116 de la ley 20.744 de contrato de trabajo. Este debiera ser el salario inicial de la economía, el salario mínimo, vital y móvil definido por el Consejo del Salario.