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Con el avance de la Cobertura Universal de Salud, reforma que suma muchas voces detractoras por su espíritu privatizador, el gobierno nacional pretende ahora dar un giro rotundo en la política de salud mental. Hay un decreto en puerta para modificar aspectos claves de la Ley Nacional, sancionada por amplia mayoría en el Congreso en 2010 y valorada por muchos organismos internacionales.

Lo que se cuestiona, básicamente, es la concepción de la salud mental. El nuevo marco regulatorio (fijado en 2013) la define como un “proceso multideterminado por componentes históricos, socio económicos, culturales, biológicos y psicológicos”.

En la otra vereda se ubica el “modelo médico hegemónico de perspectiva biologicista”, un paradigma que el poder Ejecutivo busca reflotar. Este enfoque excluye los aportes de disciplinas imprescindibles para la rehabilitación del padecimiento mental, como la terapia ocupacional, la musicoterapia, el arte, la enfermería, la psicología, los acompañamientos terapéuticos y el trabajo social, entre otras.

El último viernes se conoció un expediente del Ministerio de Salud (Nº 120020000024933166) que contiene un borrador para modificar por decreto la reglamentación de la actual ley. De inmediato, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) emitió un comunicado alertando sobre los retrocesos en puerta.

Lo más grave, a juicio del Cels, es que se reinstala el manicomio bajo el nombre de “hospitales especializados en psiquiatría y salud mental” y se admite el aislamiento pleno de personas a quienes vuelve a considerar “enfermos” como un tratamiento regido únicamente por el “arte médico”.

Se habilita, además, el tratamiento en comunidades cerradas para las personas con consumo problemático de drogas y a la hora de determinar una internación, se sustituye el requisito de “daño para sí o para terceros” y reinstala el concepto de “peligrosidad” que permite una simple evaluación basada en riesgos potenciales.

La preocupación local

Santa Fe tiene una ley provincial que comparte el espíritu de la normativa nacional, que, a priori, asoma como “un escudo protector” ante el avance del paradigma biologicista. Los servicios de asistencia de las enfermedades mentales están anclados a los principios de la atención primaria de salud.

La intendenta de Rosario Mónica Fein fue, en su día, una de las legisladoras que impulsó y más trabajó en la redacción de la Ley Nacional sancionada en 2010. En aquel tiempo, ocupaba una banca en la Cámara de Diputados por el Frente Progresista Cívico y Social.

“Es importante acabar con la estigmatización de que las personas con trastornos mentales deben ser atendidas en hospitales psiquiátricos y no en efectores generales de salud. Por ello, es fundamental que estas personas puedan acceder a los efectores de salud, como cualquier persona que presente una enfermedad y con el mismo procedimiento”, se lee en el programa 2016/2017 de la Dirección de Salud Mental de Rosario.

Los 42 Centros de Salud distribuidos por los seis distritos de la ciudad cuentan con psicólogos, psiquiatras y demás trabajadores que realizan asistencia, cuidado y acompañamiento de situaciones de padecimiento subjetivo.

A nivel público, la red se completa con cuatro comunidades terapéuticas, el En el campo privada Centro Regional de Salud Mental Agudo Ávila y los geriátricos con abordajes en salud mental

En el orden privado, Rosario cuenta con 14 clínicas psiquiátricas, muchas de las cuales reciben pacientes subsidiados por el estado provincial, por una demanda que en los últimos años sobrepasó la oferta institucional.

Tanto desde la dirección municipal como provincial de Salud Mental pidieron “cautela” a la hora de hablar de los posibles impactos de la reforma que tiene en mente el gobierno nacional. “Estamos al tanto del borrador, pero nos pronunciaremos de forma oficial cuando tengamos algo concreto sobre la mesa”, explicaron las fuentes consultadas por Rosarioplus.com

Más contundente se mostró la concejala Norma López, abocada desde hace tiempo a proyectos vinculados a la salud mental. “El cambio que propone el gobierno pone en crisis todo el sistema de salud mental. No van a ser menores las consecuencias. Habilita, por ejemplo, la terapia del electroshock, prácticas de torturas que habíamos enterrados en los tratamientos”, explicó.

La edil resaltó no obstante que Santa Fe “tiene una estructura en Salud Pública para hacerle frente a este retroceso”, pero pidió “fortalecer” cuanto antes los dispositivos locales para amortiguar los impactos.

El bloque del Frente para la Victoria reclama desde hace tiempo la reglamentación del artículo 17 de la Ley provincial, que permitiría la creación de un órgano de revisión y control para supervisar las instituciones públicas y privadas respecto a posibles abusos de los derechos de los pacientes.

“El retroceso es muy fuerte, es el golpe de gracia al corrimiento que el Estado nacional venía haciendo en la problemática desde diciembre de 2015”, concluyó López.   

La mirada de los trabajadores: “Este viejo paradigma ha producido muertes en vida”

El Movimiento de Usuarios y Trabajadores en defensa de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones es un colectivo local que desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri viene movilizándose y denunciando recortes y atropellos.

El nombramiento del psiquiatra Andrew Blake como Director Nacional de Salud Mental y Adicciones fue la primera mala señal. “Representa a la corporación psiquiátrica, se pronunció públicamente contra la Ley Nacional y en Ciudad de Buenos Aires, donde trabajó, pasaron cosas muy serias como la represión en el Borda”, explicaron en su día desde el Movimiento.

Con el correr de los meses, los primeros instrumentos creados por la legislación perdieron peso en la provincia. Muchos de los equipos nacionales de los territorios fueron desarticulados tras los despidos de los trabajadores. Ahora, el avance es contra la normativa.

Silvia Grande, docente universitaria e integrante del Movimiento, aseguró que “la nueva reglamentación va contradiciendo punto a punto el espíritu de la ley”. “Hablan directamente del trastorno del comportamiento y se hace eje en la peligrosidad para volver a reinstalar la internación psiquiátrica tradicional, los manicomios”, detalló en diálogo con Rosarioplus.com

La experiencia tanto en Argentina como en el resto del mundo marca que este paradigma fracasó “no solo en generar alivio al sufrimiento subjetivo, sino en producir muertos y muertes en vida, gente que por el encierro y la medicación queda sin la posibilidad de armar un lazo social”.

“Se busca una nueva distribución de poder en el campo de la Salud. Ir contra lo interdisciplinario y plantear que lo único que tiene valor científico es el discurso médico tradicional, es decir el encierro y la medicación, con el beneficio para laboratorio y clínicas privadas”, analizó Grande.

A su juicio, el problema mayor lo tienen las provincias que no han avanzado en políticas genuinas y que son más dependientes a Nación. “En Santa Fe tenemos nuestra propia ley, estamos más protegidos. Pero va a existir una presión nacional para torcer a las provincias. Por eso ya se está articulando una resistencia en todo el país para frenar esto”, señaló.