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Desde la asunción de Mauricio Macri al cargo de Presidente de la Nación, Argentina evidenció un cambio significativo de rumbo económico que, sin lugar a dudas, tiene al endeudamiento público externo como un instrumento clave de sus propósitos. Si bien el ritmo de endeudamiento público ya registraba una tendencia levemente creciente en la última etapa del gobierno de Cristina Fernández, el volumen del nuevo endeudamiento, las condiciones a las que se contrajo, y el esquema económico general que enmarcan las medidas relativas al financiamiento público, sufrieron un cambio conceptual estratégico y de no menor magnitud a partir de la llegada del gobierno de Cambiemos.

1. Al 31 de diciembre de 2016, la Deuda Pública Total (deuda pública bruta que incluye deuda no presentada al canje) ascendió a USD 275.446 millones (54,2% del PBI), lo que implica un aumento de USD 34.781 millones con respecto al 31 de diciembre de 2015 (un crecimiento del 14,5%, versus un 2,4% que creció en 2015 respecto del año 2014). El hecho a destacar es que en apenas 400 días de gestión, la deuda externa (en manos de residentes foráneos) alcanzó los USD 86.500 millones (17% del PBI), es decir, un 35,8% por encima de la registrada a finales del IV trimestre de 2015. Adicionalmente, se observa que la fuerte tendencia de endeudamiento observada durante el año 2016 se ha acelerado, puesto que entre enero y abril de 2017 se emitieron entre bonos y letras del Tesoro más de USD 22.675 millones (cerca del 30% corresponde a deuda externa), lo que implica que en tan sólo cuatro meses ya se emitió más de la mitad de todo lo emitido en 2016.

2. Aunque el nivel de reservas del BCRA prácticamente se duplicó desde el año 2016, el ratio Deuda Pública Externa/Reservas, aumentó de 248% a 280,6% en septiembre de 2016, lo que, junto con otros indicadores de sustentabilidad de la deuda (DPE/PBI y DPE/Exportaciones), refleja un franco deterioro en la capacidad de pago de los compromisos asumidos por el país. En otras palabras, la divisas necesarias para el pago de la deuda (capital e intereses) a lo largo del año 2017 y 2018, asciende a la abrumadora de suma de USD 90.000 millones, y si sólo se consideran intereses (al suponer que el capital se cancela con nueva deuda) la suma es de USD 22.401 millones, lo que representa casi la mitad de las reservas actuales del BCRA.

En vista de que, tal como estima el gobierno (Presupuesto Nacional enviado al Congreso), la economía argentina no tendrá un superávit comercial en los próximos años, el círculo vicioso de tomar deuda nueva para pagar deuda vieja, es un hecho inexorable que habla de la debilidad estructural del modelo y condicionará fuertemente la marcha de la económica nacional.

3. Además de presentar serios problemas de insolvencia, el esquema impulsado por el gobierno de Cambiemos, plantea el retorno al endeudamiento externo abusivo sin una orientación clara al crecimiento y el desarrollo nacional. Como se observa, el proceso de endeudamiento descrito, se ha orientado a financiar un creciente déficit fiscal (nacional y provincial), la fuga de divisas y el movimiento especulativo de capitales.

El selectivo ajuste fiscal y la dilación en la puesta en plena vigencia del prometido plan de obras públicas, refleja que el notable aumento de las reservas del BCRA está orientado a solventar la fragilidad de un esquema sustentado en las finanzas y la especulación.

4. Este nuevo proceso de endeudamiento público se caracteriza además por un incremento en los avales y garantías para el endeudamiento de los gobiernos provinciales. Desde inicios de 2016 hasta abril del 2017, las emisiones provinciales en moneda extranjera (incluyendo CABA) alcanzaron un total de USD 10.126 millones. Estos bonos con jurisdicción externa se adjudicaron a una tasa de rendimiento promedio del 7,72% anual y una amortización media de 8 años, lo que refleja que para las provincias, el arreglo con los denominado “fondos buitre” no ha significado una mejora sustancial en el costo de financiamiento, hecho que repercute directamente en el requerimiento nacional de divisas para el repago de los compromisos.

5. En suma, entre enero de 2016 a abril de 2017, el Estado Nacional emitió deuda en moneda extranjera por un monto de USD 57.361,8 millones que, sumado a los USD 10.126 millones colocados por los gobiernos provinciales, se alcanza un total de USD 67.487,8 millones. En tan solo dieciséis meses, la deuda del sector público no financiero incorporó alrededor de USD 68.000 millones a su stock, donde el 58% representa a pasivos emitidos bajo jurisdicción externa.

6. El endeudamiento externo y la fuga de capitales son dos caras de una misma moneda, sobre todo cuando se liberaliza el movimiento de capitales y se facilita el acceso irrestricto a la divisa, como ocurrió con el cambio de gobierno. Tomando los datos del BCRA el correspondiente a la “Formación de Activos Externos del Sector Privado no Financiero”, los “Giros de Utilidades, Dividendos y Otras Rentas” y “Turismo, Viajes y Pasajes”, se observa que la fuga de capitales en 2016 alcanzó los USD 21.448 millones, 26% superior al acumulado del año anterior. Si además, se le adicionan los USD 10.007 millones ocurridos en lo que va del 2017, más el promedio registrado en diciembre de 2015, se alcanza un total aproximado de fuga de divisas de USD 33.450 millones.

Esto confirma el problema de insolvencia del esquema actual. Una economía que permite que salga del sistema productivo formal semejante cantidad de divisas (fundamentales para producción, la energía e insumos clave, entre otras cuestiones de carácter estratégico), se dirige inexorablemente al estrangulamiento externo y a la crisis del Balance de Pagos, como ya sufrió el país en otras oportunidades.

Existen muchos argumentos para pensar que el proceso de endeudamiento público que está impulsando el actual gobierno, se aleja peligrosamente de los intereses nacionales y del bienestar general de los argentinos. Además de todos los aspectos económicos planteados, cabe destacar también el abandono de una clara posición política a nivel mundial de repudio a la conducta especulativa y extorsiva de los denominados “fondos buitre”. Muy lejos de ello, el gobierno encabezado por Mauricio Macri, abandonó tal postura e intentó poner fin al conflicto de los denominados “fondos buitre”, concediendo a un grupo de ellos, todas sus pretensiones, en claro gesto de condescendencia con los grupos financieros de escala global. Además de que esto implicó pagar al contado una cifra sin precedente a nivel mundial, truncó un proceso de reivindicación de los derechos soberanos respecto a la conducta especulativa del capital financiero global. A ello debe sumarse lo dispuesto por los Decretos 29/2017, 231/2017 y 334/2017, que autorizan al Ministerio de Finanzas a emitir deudas futuras bajo la jurisdicción de tribunales y leyes de Nueva York y de Londres.

Lejos de haber aprendido la lección de los conflictos sufridos por las condiciones de los canjes de deuda anteriores, la Argentina vuelve a renunciar a la jurisdiccional nacional y esgrimir la cláusula de soberanía nacional ante un conflicto con acreedores. El argumento de quienes han aprobado y avalaron la propuesta del Poder Ejecutivo en materia de endeudamiento externo, era la necesidad de “una vuelta de página”. Sin embargo, en vista de que algunos holds outs siguen litigando, pero fundamentalmente de las características que está presentando el proceso de endeudamiento público durante la gestión actual, el mismo ha resultado inocente, imprudente o negligente, además de apartado de los intereses del conjunto de los argentinos.

La política económica y de endeudamiento público que está llevando a cabo el gobierno de Cambiemos, es un tema de ineludible tratamiento y atención, puesto que se condiciona y determina fuertemente la independencia económica y la soberanía nacional, dos aspectos que se encuentran fuertemente arraigados en la conciencia y la identidad nacional. Por todo ello, el “Informe de Deuda Publica Argentina”, publicado por la Fundación Pueblos del Sur, resulta un aporte para profundizar el conocimiento acerca de un tema que merece ser abordado con seriedad puesto que requiere una toma de conciencia nacional por sus implicancias para las generaciones presentes y futuras de nuestro país.

(*) presidente Fundación Pueblos del Sur