El Concejo quiere saber si hubo lavado de dinero en loteos junto al Ludueña

En su momento –allá por 2005– la Municipalidad lo expuso como un formidable logro de “articulación público - privada” en urbanismo: el Plan Especial Parque Habitacional Ludueña. Pero ahora cayó bajo la sospecha del Concejo de que acaso haya tenido en su formación alguna operación de lavado de dinero. 

Es que detrás de ese convenio de desarrollos inmobiliarios para el extremo oeste de Rosario se encontraba el empresario Gustavo Shanahan, hoy con prisión domiciliaria y a la espera de juicio oral como presunto miembro de una organización de narcotráfico.

Por eso el Concejo Municipal aprobó ayer por unanimidad un decreto por el que se le encarga al intendente Pablo Javkin que ponga a la Agencia Contra el Lavado de Activos de origen delictivo a examinar aquel acuerdo que firmó el intendente Miguel Lifschitz con el Fideicomiso Desarrollos Urbanísticos SA y el Fideicomiso del Jockey. 

Y en caso de que esa revisión confirme los supuestos de que hubo lavado, se anule el convenio. 

La iniciativa manda "revisar y evaluar la derogación de la Ordenanza N°7932/05", que le dio marco a tan publicitado acuerdo urbanístico de la gestión de aquellos años, del cual suponen que haya sido terreno propicio para lavar dinero ilícito. 

"Pedimos información al Ejecutivo municipal porque no tenemos un veredicto concluyente, pero sí hay dos hechos objetivos que ameritan abordar el asunto", explicó uno de los autores del planteo parlamentario, el concejal Pedro Salinas (Ciudad Futura). "Uno es que para estas cosas el año pasado creamos la Agencia contra el Lavado. El otro es el procesamiento en la Justicia Federal de Shanahan como presunto miembro directo de una organización narco, y que compartirá banquillo de acusados en juicio oral con personajes de otras escalas socioeconómicas que exponen cómo se vertebra el narcotráfico y el narcomenudeo, y sus derivaciones a negocios de alta escala. Razones suficientes para que la Agencia se aboque, habida cuenta de que el rubro inmobiliario es propicio para el lavado de dinero sucio", analizó Salinas. 

Por ese acuerdo de urbanización, el municipio cedió unas 186 hectáreas de suelo vacante a la vera del arroyo Ludueña, desde la intersección con la autopista Rosario - Córdoba, incluido el estadio mundialista de hockey “Luciana Aymar” y los desarrollos detrás del Jockey Club. De allí se generaron en estos casi veinte años diversos loteos, abiertos y cerrados, y el fideicomiso desarrollador replicó parcialmente con compensaciones al Estado, como la construcción de una escuela y de un centro de salud.

Pero ahora el decreto aprobado en el Concejo enfatiza en "la necesidad de intervenir decididamente en la interrupción de los circuitos financieros/dinerarios que producen y reproducen la violencia al dotarla de rentabilidad". "No puede ni debe existir –agrega el fundamento– ningún tipo de vínculo, ni tan siquiera simbólico, con quienes generan violencia en la ciudad". 

Shanahan no solo hizo fama con esos fideicomisos –no sin escándalo y reclamos de inversores en el caso del Jockey–, sino que también luego estuvo al frente de Terminal Puerto Rosario.

Por lo tanto, el decreto aprobado encarga al Ejecutivo municipal que en 30 días produzca información sobre los acuerdos y convenios firmados por el municipio con Shanahan y la firma Proyectos Urbanísticos SA. También requiere datos de las personas físicas o jurídicas que formaron parte de las urbanizaciones realizadas y en marcha en sus diferentes etapas. Esto incluye a los inversores que, incluso de buena fe, pusieron plata en esos desarrollos inmobiliarios, algunos ya con residencia estable allí.

El texto aprobado ayer encomienda a la Agencia antilavado del municipio a revisar el convenio del Plan Especial Parque Habitacional Ludueña "si existen indicios que requieran elevar una alerta sospechosa de canalización de fondos para el lavado de activos de origen ilícito". 

"En caso de existir supuestos de comisión de delito de lavado de activos, convoque a una mesa de coordinación y cooperación", concluye el decreto aprobado por unanimidad.

Esto último significaría ya la anulación directa del convenio urbanizador. Y en ese marco, el Concejo propone un ámbito de discusión entre la comisión parlamentaria de Planeamiento y las áreas pertinentes del Ejecutivo para ordenar la derogación del acuerdo con Shanahan y su fideicomiso. Esto es, para "garantizar la inversión y darle tranquilidad a quienes participaron y participan de esos emprendimientos de buena fe", aclaró el concejal Salinas. De esa mesa debería salir un proyecto alternativo que suplante al acuerdo que por ahora está en la mira del Concejo por la situación judicial penal de su principal mentor.