El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, brindó su primer informe de gestión ante el Senado. Allí defendió el polémico Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios casi obscenos por 30 años a quienes inviertan más de 200 millones de dólares, sobre todo en petróleo, gas y minería. 

El funcionario aclaró que el Gobierno busca generar un libre mercado internacional, terminar con la intervención de precios internos, y modificar el esquema de licitaciones de áreas petroleras y un régimen de transporte y procesamiento de de hidrocarburos: "Para dar una idea de lo que esto significa, combinado con el RIGI, hay un potencial de exportaciones para la Argentina de área de 30 mil millones de dólares al año".

“El RIGI está vinculado a lo anterior permite inversiones de gran volumen que requieren seguridad jurídica que lamentablemente no hemos mostrado y genera desconfianza en el mundo. Esto está apuntado a empresas que deben invertir durante tres o cuatro años grandes volúmenes de dinero para recién llegar a un esquema de facturación”.

Entre otras cosas esto tiene que ver con el proyecto de exportación de gas licuado de Vaca Muerta o obras de minería que afectan a las provincias representadas aquí", sostuvo y definió: "Está todo definido para avanzar, lo que falta precisamente es la seguridad jurídica". 

El régimen presenta resistencia sobre todo del sector industrial. “Resulta evidente la disparidad en los costos de importación que los fabricantes nacionales tendrían que afrontar”, resalta un informe de Adimra para sintetizar el rechazo a ciertos aspectos del régimen. La Unión Industrial Argentina (UIA) agrega que, como no implica contrapartida, le resta competitividad a la actividad local. Básicamente pierden frente a lo más barato y terminarán cerrando.

X de Corta 🏆