La Cooperativa de Trabajo La Hoja Ltda. enfrenta una ofensiva judicial por parte de miembros de la familia Martin, que envió a la quiebra a la yerbatera en 2008 y cuyos empleados se organizaron y tomaron el control para preservar su fuente laboral. Luego de haber cancelado las deudas que los Martin contrajeron –en especial, 4 hipotecas multimillonarias del Banco Nación– la cooperativa rosarino misionera estaba a punto de acceder a la compra definitiva de la quiebra, con el OK del juez a cargo, Fabián Belizia, del juzgado nº 12 en lo Civil y Comercial de Rosario. 

Pero uno de los ex dueños, Alberto Jorge Martin, armó una denuncia penal de la que un fiscal rosarino, Mariano Ríos Artacho, se hizo eco: defraudación, vaciamiento, administración infiel y hasta sospecha de lavado de dinero son los cargos que le endilgan a la Cooperativa. El objetivo de fondo, según estos trabajadores, es impedir que los trabajadores se queden definitivamente con la empresa y, por ende, con dos importantes extensiones rurales: el campo yerbatero de San Ignacio, Misiones (2.600 hectáreas, aunque son 900 has las cultivadas con yerba mate), y otro en el sur de Santiago del Estero, 1900 hectáreas que no tienen yerba pero sí serían presa requerida para el mercado inmobiliario y su posterior desmonte y explotación sojera.

Un grupo de socios trabajadores de la cooperativa, al término de la audiencia en la que lograron derribar la medida cautelar.

Dato no menor: en el campo de Misiones habitan 170 familias descendientes de guaraníes, y en el de Santiago, unas 60 familias de las comunidades tonocoté y diaguita. No participan del negocio yerbatero, la Cooperativa respeta esos énclaves en tanto el derecho ancestral de pueblo originario que las asiste.

Como epílogo y resumen de esta batalla judicial que aún no finalizó, Macellari definió: "Es la historia de una empresa que quebró hace 14 años y que persiste en tratar de embarrar la cancha y desapoderar a trabajadores que iban a ser despedidos y que se organizaron en cooperativa hace 7 años para continuar la producción y de manera exitosa. Y procura recuperar lo perdido con una denuncia penal inventada y acusaciones falaces".

Al negociar y pagar la deuda de Martin & Cía al Banco Nación en cuotas, la Cooperativa extinguió al principal acreedor de la quiebra. Entonces buscó comprar definitivamente, tal como la Ley de Quiebras lo habilita y el juzgado lo aceptó. Cuando se disponían a escriturar la cesión de derechos litigiosos (acción que formaliza la extinción de la deuda), Alberto Martin y un par de parientes acudieron al estudio jurídico Salvatierra, de Rosario, para frenar la causa civil desde la Justicia penal.

Los Martin denunciaron a la cooperativa de destruir los yerbales en San Ignacio, descuidar las instalaciones, para depreciar los activos, incidir en el interés del BNA por cobrarse, y así comprar barato. Para ello documentaron una inspección al campo misionero con dos entendidos que abonaron la hipótesis de que la cooperativa había arruinado el cultivo. Esos dos habían pertenecido a la cooperativa y habían sido desplazados por manejos turbios de la producción.

A pesar de esa denuncia, el fiscal Ríos Artacho nunca concurrió al campo a comprobar la veracidad de la acusación ni preguntó a Belizia, el juez de la quiebra, que sí había visitado los yerbales. 

Con todo, Martin consiguió que, a instancias del fiscal, la jueza penal Silvia Castelli dictara una medida de no innovar por 180 días, y así paralizó la escrituración de la hipoteca cancelada y lo que iba a ser luz verde para que el juez civil Belizia, a cargo de la quiebra, autorizara a la cooperativa a comprar su propia fuente de trabajo por la que viene pagando un alquiler de 2500 kilos mensuales de yerba canchada. 

La Cooperativa recusó a Castelli como jueza para evaluar la apelación a la medida cautelar, y en su lugar fue designado el juez Nicolás Foppiani.

Este magistrado derogó la semana pasada aquella medida de “no innovar” e invalidó la estrategia de los Martin de evitar que los trabajadores tengan luz verde para comprar la quiebra.

Foppiani hizo cesar la medida al considerar que "no se acredita la responsabilidad" que se le endilga a la Cooperativa, y que la cautelar "no guarda proporcionalidad con la denuncia: pasaron 2 meses y Fiscalía no probó que haya una maniobra destinada a bajar el valor del inmueble para comprar barato".

El juez incluso reprendió la forma en la que Fiscalía manejó la acusación, sin haber consultado al juez Belizia ni haber visitado los campos de Misiones. 

"¡Pero mire si vamos a querer tirar abajo el yerbal que nosotros mismos cultivamos! Si quisiera perjudicar el patrimonio voy por el activo más valioso, la marca La Hoja, y la saco de las góndolas, la desaparezco", explicó Alfredo Fonseca, presidente de la Cooperativa, cosechero de yerba desde niño, como su padre. "Se invirtieron 250 millones de pesos, mire si la cooperativa los va a desperdiciar si no proyecta quedarse con la empresa", reforzó la abogada Marcela Macellari, representante legal en la causa civil.

“Los Martin creen que son los dueños y que tienen derecho a recuperar las cosas, y ensucian a un grupo de trabajadores que hace 7 años mantienen una empresa devastada, abusada por otras empresas que esa misma familia crearon y que obtuvieron ganancias por las que no rindieron cuentas a nadie”, señaló Macellari en alusión a firmas como Demirol, Yerbatera del Paraná y Mavea SRL, que explotaron la empresa en los primeros años de la quiebra y sin pagar alquiler por ello al juzgado y la sindicatura. 

"Los trabajadores pagaron al Banco Nación una deuda que en 30 años ni los Martin ni nadie fue a pagar. La Cooperativa fue la que se presentó a pagar", enfatizó la asesora legal.

La Hoja hoy participa del mercado nacional con 2 millones de toneladas de yerba empaquetada al mes, además de una importante porción del mercado de té y mate cocido en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. La dirigen 120 socios cooperativos que emplean, a su vez, a 400 personas de manera indirecta.