En línea con la ofensiva del gobernador Maximiliano Pullaro contra los ministros de la Corte Suprema de Santa Fe, también la oposición eleva voces hacia la reforma del Poder Judicial y, por ende, del máximo tribunal provincial. El diputado Fabián Palo Oliver, del Frente Amplio por la Soberanía, abogó por “la necesidad de una profunda reforma de la Corte”.

Sostiene el legislador que su crítica es anterior a la del gobernador, y que en 2021 él había planteado en un proyecto de ley reformas en este asunto. “Los integrantes de la Corte Suprema se resisten a implementar cambios que la sociedad demanda y que nosotros venimos planteando desde hace ya muchos años”, dijo.

“En primer lugar, tenemos que decir que la estabilidad de los jueces en la provincia es temporaria, está establecida en la Constitución provincial un límite de edad que ninguno cumple. Es vergonzoso que los integrantes del tribunal que debe velar por el cumplimiento de la Constitución, la incumplan. La provincia de Santa Fe tiene establecido 65 años como límite para ser magistrado. El último juez que respetó esta disposición constitucional fue el Dr. Barraguirre (padre del actual procurador de la Corte)”, indicó Palo Oliver.  

La propuesta legislativa apuntaba a ampliar el número de miembros –actualmente deberían ser 6, pero hay 4 porque dos se jubilaron este año– para llegar a un número impar; y además, contemplar que tenga paridad de género. En este momento, los 4 ministros son varones: la preside Rafael Gutiérrez, lo secundan Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y Daniel Erbetta.

"Pretendemos que sea una renovación ordenada. Nosotros establecimos un proceso que prevé que, cumplida la edad prevista en la Constitución, en el caso en que el gobernador en ejercicio entienda que el magistrado o la magistrada debe continuar, puede enviar el pliego del mismo para intentar tener acuerdo legislativo y extender sus funciones por cinco años más, mecanismo que sólo se puede utilizar dos veces”, abundó Palo Oliver.

Hace dos semanas, también el bloque socialista –alineado con el gobernador radical– presentó un proyecto en el mismo sentido. Por todo eso, Palo Oliver lo tomó como ejemplo de que “hay una voluntad legislativa de avanzar con las reformas”.

Dicho eso, tomó distancia de las intenciones del Ejecutivo. "Me preocupa el discurso de época al que se sube el gobierno provincial para tratar de sumar puntos en el común de la ciudadanía, descalificando o demonizando al empleado público. Esta es una estrategia a la que se está recurriendo para legitimar el avance de las decisiones de gobierno”, planteó.

“No me parece acertado que desde el gobierno se trate de privilegiados a los trabajadores de la EPE, Aguas Santafesinas o Judiciales porque cada uno de los regímenes laborales se ha construido a través de conquistas laborales obtenidas a lo largo de diversos períodos”, agregó el diputado provincial del FAS.

¿Como Pacto de Olivos?

Y también puso en duda el juego del socialismo. “A diferencia de los demás bloques, nuestra postura no guarda ninguna especulación. Nosotros presentamos un proyecto para la reforma total, sin especificar cuáles han de ser los artículos que sufrirán modificaciones. Queremos una ley que declare la necesidad de la reforma, el modo en que se elegirán los 69 convencionales y si bien establecemos en el proyecto una serie de disposiciones, no dejamos atada la reforma a lo que se conoce como un núcleo de coincidencias”.

“No queremos repetir un pacto de Olivos a la santafesina. Creemos que el contenido y los alcances de la reforma debe ser tarea de los convencionales y no producto de un acuerdo previo. Se debe discutir dentro de la Convención porque es su verdadero rol. Todos y cada uno de los puntos que incluyan a la reforma, deben surgir de la Convención Constituyente y no de un acuerdo previo”, finalizó Oliver.