Auditarán el desempeño de los fiscales de las escuchas a Pullaro
La controversia por las escuchas al teléfono del ministro de Seguridad recayeron en una auditoría contra el accionar de los fiscales que solicitaron el procedimiento
La decisión de pinchar el teléfono del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, impulsó una denuncia penal y un procedimiento administrativo contra los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí, quienes impulsaron la medida, para saber si actuaron dentro de la ley al intervenir línea e investigar el caso. La Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) analiza si sanciona a los funcionarios judiciales.
La auditora de los fiscales del MPA, María Cecilia Vranicich, dijo que el procedimiento disciplinario de la auditoría se asemeja a un jury de enjuiciamiento que se le hace a un juez y que las posibles sanciones son la suspensión de hasta 30 días o incluso la destitución.
Los fiscales ya fueron corridos de tres investigaciones de peso: las horas Ospe (extras de la policía), la del presunto cohecho al ex jefe de la Unidad Regional V de Rafaela, Adrián Rodríguez, y la de las supuestas irregularidades de fondos municipales de Santa Fe.
Justamente en el marco de la causa de las horas extras de la policía, en la cual se lo investigaba a Rodríguez, es de donde se detecta la conversación que tiene con Pullaro en la cual se habla de facilidades de ascenso a favor del comisario. Pero apenas Apullán decidiera avanzar judicialmente en este sentido, el fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti lo desplazó de la investigación.
Más tarde llegaría la denuncia pública de Pullaro argumentando que la escucha era ilegal y que representaba gravedad institucional. Así es que llegan al despacho de Vranicich, tres presentaciones contra el propio Apullán, y su fiscal adjunta, María Laura Martí. Ella es quien hizo caso a su superior y solicitó la intervención telefónica del ministro de Seguridad, aunque dijo que al hacerlo desconocía el titular de dicho número.
Una de las presentaciones la accionó el propio fiscal regional Arietti al entender que los fiscales siguieron interviniendo en la causa con los expedientes en su poder luego de ser apartados de la misma. El otro caso por el que se juzgará su desempeño es el allanamiento que se efectuó en la Municipalidad de Santa Fe por el llamado Corral Papers. Justamente el intendente de la ciudad, José Corral entiende que se generó sin ser excluyente y consideró abusivo. La última presentación es la impulsada por Pullaro para saber si la escucha fue ilegal.