POR MARTÍN LUCERO (*)

Históricamente se ha caracterizado como servicios públicos esenciales aquellos cuya interrupción puede poner en riesgo la salud, la vida o la seguridad de las personas. Por lo tanto la libertad gremial de quienes se desempeñas en estas tareas está limitada por el interés colectivo: El derecho a huelga cede ante la necesidad de que haya una dotación mínima de personal que garantice la continuidad del servicio. Dicho en otras palabras no puede haber paro general. 

La recurrente incapacidad de los distintos gobiernos de dar respuestas a los problemas estructurales de la educación en general y del trabajo docente en particular han generado permanente conflictividad en el sector que se ha expresado en paros y huelgas generales en casi todos los años y con gobiernos de distinto signo político. De esta manera “resolver el problema de los paros docentes” se ha convertido en una “bandera” de varios sectores políticos, especialmente aquellos de ideología anti derechos. 

Hacemos hincapié en algo: se habla de “resolver el problema de los paros” y no de “resolver los problemas de la educación”. Siempre es más fácil atacar las consecuencias que las causas tapando así la incapacidad de gestionar políticas públicas que den respuestas a las problemáticas de base 

El DNU 70/2023 del Presidente Milei trae entre sus disposiciones la declaración de la Educación como servicio esencial para limitar el derecho a huelga.

En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación del 1 de marzo de 2024 sostuvo: “En una Argentina donde los chicos no saben leer y escribir, no podemos permitir más que Baradel y sus amigos usen a los estudiantes como rehenes para negociar paritarias con los gobiernos provinciales. Por eso, incluimos en el decreto de necesidad y urgencia a la educación como servicio esencial, lo cual le sacará el arma de la mano a los sindicatos y los obligará a prestar al menos un 70% del servicio educativo durante cualquier huelga”. 

Algunas observaciones se hacen necesarias:

  • El Presidente Milei dice que “los chicos no saben leer y escribir” dato que se contrasta con el alto grado de alfabetización que tiene el sistema educativo argentino. En la actualidad en nuestro país solo el 1,9% de las personas no saber leer y escribir. En 1869 ese porcentaje era del 78,2%, en 1914 era el 37,9, en 1980 el 6%, en 1990 el 4%. Ninguna estadística le da la razón al presidente. Todo lo contrario. 
  • Es llamativa la distorsión del dato en un discurso “leído” por el primer mandatario pero con evidente dificultad: Sin pausas, acelerado, pronunciando mal las palabras, con acentuaciones inexactas. El ejemplo es válido. Una cosa es saber leer y otra como se lee o se comprende. El Presidente sabe leer, no hay dudas. Lo hace mal. Debería practicar y quizás profundizar el estudio para tener una mejor interpretación de su lectura.
  • La mención a Roberto Baradel debe inscribirse en la permanente agresión que desde la primera magistratura se hace a referentes que se oponen a sus políticas. Puede ser una cantante, un gobernador o un dirigente gremial. No deja de ser grave. Al ser El Presidente de la Nación quien lanza esos epítetos no se puede dejar de lado que lo hace desde una posición de poder, donde maneja no solo todos los organismos públicos nacionales que recopilan información sensible de los ciudadanos (Afip, Anses, Migraciones, etc.) sino también las Fuerzas Armadas, las de Seguridad y los servicios de inteligencia. Un simple ciudadano no puede menos que ser considerado una víctima que no tiene medios para defenderse de semejante ataque. 
  • El uso de la palabra “rehenes” tan común cuando se hace referencia a los paros en la educación, ponen a la docencia en el lugar de “secuestradores” y por tanto de delincuentes. Es a todas luces una definición exagerada. En todo caso es bueno recordar que quien ha defendido genocidas y secuestradores de niños y niñas en la actual Vicepresidenta de la Nación. A todas luces la situación no hace posible comparar a una maestra de escuela, con Videla, Astiz o Etchecolatz (que sí han sido condenados por secuestros y supresión de identidad).
  • Desde el sector gremial podría decirse que Milei tiene de rehenes a más de 1.200.000 docentes recortándole el sueldo con la caída del FoNID. Pero no es correcto. Solo alcanza con expresar, de manera clara, que su plan de gobierno incluye un brutal empobrecimiento de quienes viven de un sueldo acompañado de un arrasador recorte en el presupuesto educativo. 
  • No es menor el énfasis que pone Milei en remarcar que “los rehenes” serían utilizados para “negociar en paritarias provinciales”. La referencia es clara: No hay más paritaria federal, no hay más fondos nacionales para educación y el sistema educativo es un problema de las provincias. Lo dijo con la mayoría de los gobernadores como público como proponiendo una “asociación anti derechos”: No les mando los fondos que les debe la Nación a las provincias pero imponemos que no haya huelgas docentes. De manera cruel, la fórmula propuesta es que los derechos que pierden los provincias a manos del poder central, los gobernadores se los cobren a los docentes vía el congelamiento salarial sobre una actividad que no puede hacer paros. 
  • No son pocos los gobernadores que abonan la idea. En Santa Fe el diputado nacional Mario Barletta del Partido Radical al que pertenece el Gobernador Pullaro es un impulsor de la declaración de “servicio esencial” para la educación. 
  • Por último la referencia a la única finalidad de la declaración de la educación como “servicio esencial”: que no haya huelgas y que los sindicatos no tengan “el arma” (notable fijación con las cuestiones bélicas). Es llamativo que el Presidente de la Nación habla sin rodeos de terminar con la “huelga” y no de mejorar la educación o invertir o progresar o mejorar la calidad educativa. “Esencial”, entonces, es sinónimo de “no huelga”. En el citado decreto ninguna norma habla de inversión, creación de escuelas, jardines, ampliación de aulas, incorporación de equipamiento didáctico. Solo que la “guardia mínima” es del 75 % del personal. Es decir casi la totalidad. 

Es bueno que nos preguntemos dónde nos lleva este modelo de “docentes sin huelgas”. La tarea docente requiere para su ejercicio un título terciario que requiere como mínimo 4 años de estudios y formación de postítulo permanente. No es una salida laboral inmediata que pueda realizarse con un “curso de corta duración” (como el de la famosa diputada libertaria que exhibe en su CV una diplomatura universitaria en Economía de la Escuela Austríaca de 3 meses de duración). 

Consideraciones al margen ¿Qué motivación va a tener un estudiante de cursar el magisterio si los salarios son bajos, las condiciones laborales son malas y las demandas exorbitantes y nada se puede hacer por mejorar ese escenario porque su derecho a huelga está cuasi prohibido? 

¿Quién va a elegir la carrera docente? ¿Qué manera de jerarquizar la profesión es esta? Es llamativo que aquellos sistemas educativos del mundo la mayoría de nuestra clase política venera no prohíben el derecho a huelga docente, sino que por el contrario, realizan una inversión millonaria en salarios, equipamiento, formación y contención de su personal docente. Además de tener al sindicato u organización gremial docente actuante como interlocutor de todas las reformas educativas que se han llevado adelante. 

Por este camino la docencia va a ser una profesión muerta en pocos años y con ello el destino del sistema educativo es oscuro. Es un horror pensar nuestras expectativas de desarrollo como país y en las generaciones futuras desde este contexto.

La idea de declarar la educación servicio esencial no es nueva. Durante los 90 en el gobierno de Carlos Menem y más recientemente durante la presidencia de Mauricio Macri (sin ninguna pandemia de por medio) se intentó instaurar la idea. 

De hecho el último proyecto data de 2018 impulsado durante el gobierno nacional de Cambiemos. El planteo es sencillo. Los servicios esenciales tienen reglamentado  limitaciones del derecho a huelga. 

En medio de la pandemia algunos sectores del PRO volvieron a la carga mezclando la idea de servicio esencial, con actividad esencial. El razonamiento era que si un kiosco podía funcionar con distanciamiento social, como no iba poder abrir una escuela. Un razonamiento torpe que carecía del sustento básico: la docencia no estaba de paro, declarar la educación como servicio esencial no cambiaba la situación y la prestación “del servicio” de manera remota agotaba ampliamente los requerimientos legales de la “esencialidad” en términos de medida gremial.

Los organismos internacionales avalan este criterio. El Comité de Libertad Sindical de la OIT, basado en los convenios 87 y 98 ha declarado reiteradamente que el sector educativo “no constituyen servicios esenciales en el sentido estricto del término y por tanto no procede la exclusión del derecho de huelga”. 

La misma interpretación es expuesta por la Oficina Internacional del Trabajo su informe sobre principios de huelga de 1998.   

En nuestro país la legislación definía, tradicionalmente, como servicios esenciales a los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable y energía eléctrica; los servicios telefónicos, el control de tráfico aéreo y algunos que en circunstancias especiales determine el Ministerio de Trabajo.

Los servicios alcanzados por esta normativa tienen que llevar adelante un complejo mecanismo para poder realizar medidas de fuerza que abarca notificaciones previas, guardias mínimas, acuerdos obligatorios y sanciones por incumplimiento tanto para los sindicatos como para trabajadores y trabajadoras. 

Con esta declaración del Presidente Milei y su expresión en el DNU 70/2023  la vieja aspiración de la derecha política argentina, hoy consumida dentro del campo “libertario”, de “prohibir” los paros docentes se vería mucho más cerca y la posibilidad de sancionar la actividad gremial también.   

En la actualidad la declaración de “servicio esencial” contenida en el DNU 70/2023 del Presidente Milei se encuentra suspendida por un fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Laboral Nº 8 a causa de una presentación de Ctera (Expte 390/24 del 9/2/2024). Es esperable que el rechazo del Senado de la Nación y la Cámara Baja del DNU termine de dar por tierra con este “cambalache” normativo. 

Como puede verse (en términos jurídicos) esencial no es lo mismo que “importante” o “prioritario”

Desde nuestra parte seguimos considerando que la mejor definición jurídica que le podemos dar a la educación no es rebajarla a un mero servicio sino por el contrario sostenerla como “un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado” como lo hace la Ley Nacional de Educación. Si la educación es un bien público y un derecho se encuentra fuera del comercio. No se puede comprar ni vender. Tampoco se la puede poner precio con un bono o voucher. Lo servicios pueden ser privatizados y desregulados. Los derechos no. 

De esto se trata todo. De una discusión de derechos de las personas o de libertad de los mercados.

(*) Secretario general de Sadop Rosario