La mayoría de los bloques opositores de la Cámara de Diputados buscarán este miércoles aprobar el proyecto de "Emergencia Tarifaria", que elimina las subas en las facturas de los servicios públicos en 2018 y condiciona nuevos aumentos al alza salarial, más allá del anticipo del Gobierno sobre la posibilidad de vetar la iniciativa debido "al alto costo fiscal que implica".

Encabezados por el kirchnerismo, el massismo y el justicialismo, los bloques opositores confían en que reunirán el quórum y que se impondrán en la votación de la iniciativa, que es rechazada por Cambiemos y sus aliados.

La sesión especial en la que se debatirá este tema está prevista para las 12 y, en base a un acuerdo parlamentario logrado este martes, se realizará al término de otra sesión convocada para las 10.30, en la que el oficialismo buscará aprobar los proyectos sobre Financiamiento Productivo y Defensa de la Competencia.

Para asegurarse el número de votos necesarios para imponerse en la votación, los autores del proyecto de disminución del impacto de los aumentos tarifarios tuvieron que eliminar algunos de los artículos del texto original. Para retener a los miembros de los bloques que representan a los gobiernos provinciales de Córdoba, Entre Ríos y Chaco, entre otros, los impulsores del proyecto eliminaron lo referido a la disminución del cobro de IVA en las facturas de los servicios públicos.

Ese ítem, propuesto originalmente por el massismo, generó el rechazo de los gobernadores, por tratarse el IVA de un impuesto coparticipable.

La tercera, ¿la vencida?

Será el tercer intento opositor por abordar el proyecto, luego de fracasar, hace tres semanas, en la posibilidad de reunir quórum (le faltó un diputado) y de no conseguir hace dos semanas la mayoría de los dos tercios para aprobar los proyectos.

En la sesión de este miércoles no será necesaria esa mayoría especial porque la semana pasada la oposición consiguió el dictamen de la comisión de Presupuesto, que le habilitó el tratamiento del proyecto en el recinto con mayoría simple.

El proyecto opositor sobre tarifas determina que en el caso de los usuarios residenciales las mismas se retrotraigan a diciembre de 2017, y que desde esa fecha los aumentos no puedan superar al alza de los salarios. En relación a las pymes, establece que los incrementos no excedan el Índice de Precios Internos al Mayor (IPIM) publicado por el Instituto de Estadística y Censos (Indec) acumulado desde tres meses anteriores a la fecha de vigencia de la última actualización tarifaria hasta los tres meses anteriores a la aplicación de la nueva tarifa.