Tras triunfar en el balotaje, el presidente electo, Javier Milei, ratificó que impulsará la privatización de empresas estatales, entre ellas YPF, y que derogará la Ley de Alquileres, para que se convierta en un "contrato entre partes". La herramienta más inmediata con la que cuenta el economista para llevar adelante esto es el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Sin embargo, el Congreso podría ponerle un freno en lo que tiene que ver con la venta de la petrolera.

"Argentina tiene un régimen presidencialista. A diferencia de los regímenes parlamentarios, el presidente es una figura muy fuerte y eso tiene que ver con las atribuciones que le da la misma Constitución Nacional", señaló a RosarioPlus el abogado -especialista en Derechos Humanos- Mariano Bär.

Y ejemplificó: “Si el Congreso dicta una ley que el Poder Ejecutivo (PE) no considera pertinente, este tiene el poder de veto. Para insistir con la ley, el Congreso necesita una mayoría agravada (dos tercios) para lograr quórum y aún así, el PE puede no reglamentarla o ejecutarla como quiera. Es bastante difícil poner límites desde el Congreso a PE”, observó.

Lo cierto es que el presidente puede emitir decretos para regular todo lo que tenga que ver con la organización administrativa del país. En tanto, la Constitución Nacional le prohíbe emitir disposiciones legislativas pero, bajo determinadas circunstancias, autoriza a dictarlas a través de esta herramienta. Sin embargo, los DNU no pueden tratar temas de materia penal, tributaria, electoral o sobre partidos políticos. 

Una vez emitido el decreto, el Jefe de Gabinete debe comunicarlo al Congreso. Por su parte, el Congreso debe controlar si se cumplieron los requisitos que establece la Constitución. En este sentido, la Comisión Bicameral Permanente (integrada por ocho diputados y ocho senadores) tiene que expedirse y elevar el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras para su tratamiento (la única manera de derogarlo es con el rechazo de ambas).

Ley de Alquileres

"Hay que derogarla y entender que es un contrato entre partes”, afirmó Milei en declaraciones radiales. Además, sostuvo que “lo único que ha hecho la Ley de Alquileres es generar daño”, y aseguró que “terminó perjudicando a aquellos que pretendía proteger”. En esa línea, agregó que se podrían pactar los contratos “en cualquier moneda”.

En este sentido, Bär explicó: “La modificación o derogación de la Ley de Alquileres es posible a través de un DNU porque no regula cuestiones penales, tributarias ni electorales, por lo que entra en vigencia automáticamente  Además, en caso de que el DNU sea rechazado por el Congreso, los efectos que haya tenido durante ese tiempo siguen vigentes, es decir que no es retroactivo”.

Cabe recordar que el pasado 11 de octubre, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de reforma que establece que los contratos entre propietarios e inquilinos se mantendrán por un plazo de tres años, con una actualización semestral, en función del denominado Coeficiente Casa Propia. En tanto, los contratos deben ser estipulados "en valor único en moneda nacional".

Interrupción voluntaria del embarazo

El diputado nacional electo por La Libertad Avanza (LLA) Alberto "Bertie" Benegas Lynch afirmó tras el balotaje que promoverá en forma "prioritaria" en el Congreso la derogación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) porque, a su criterio, es "la salvajada más espantosa".

En este sentido, el legislador dijo que tomará "como prioritaria" la posibilidad de derogar la Ley 27.610, aprobada en diciembre de 2020, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar y es de aplicación obligatoria en todo el país.

“La situación de la ley de IVE es distinta a la de Alquileres porque acá sí hay una cuestión de legislación penal, pero no en toda la ley. Hay artículos que regulan la materia penal y otros que regulan, por ejemplo, las posibilidades de acceso a la práctica o lo que tiene que ver con los prestadores. Es decir, que a través de un DNU podría haber una derogación parcial de la ley”, sumó el abogado.

YPF

Puntualmente sobre YPF, Milei dijo que la primera tarea será "recomponerla". "Tanto Enarsa como YPF tienen que tener un rol en la transición para, mientras se racionalizan y se las pone en valor, se puedan vender de una manera muy muy beneficiosa para los argentinos", aseveró. Asimismo, según trascendió en las últimas horas Horacio Marín, actual presidente de Exploración y Producción de la empresa Tecpetrol, será el próximo presidente de la petrolera estatal.

“Tiene que pasar por el Congreso sí o sí. El Estado tiene el 51 por ciento de las acciones y una parte de eso pertenece a las provincias. Es complejo, lleva tiempo, no son cuestiones que se resuelven fácilmente”, explicó a este portal Oscar Blando, abogado y docente en Derecho Constitucional. 

En este marco, el especialista subrayó que la Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera sancionada en 2012 prohíbe la “transferencia a manos privadas de las acciones que han pasado al Estado, sin la autorización del Congreso”, es decir que para aprobarse necesita el apoyo de dos tercios de los miembros de ambas cámaras parlamentarias.

“A efectos de la instrumentación de la presente y de la registración de la titularidad de los derechos correspondientes a las acciones, deberá dejarse constancia que la expropiación de tales acciones es por causa de utilidad pública y que se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros”, detalla el artículo 10º.

Al respecto, cabe destacar que LLA tendrá a partir de diciembre solo 38 bancas propias de un total de 257 en la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado contará solo con ocho de 72. En caso de contar con el apoyo del PRO, la bancada oficialista sumaría 79 diputados y 16 senadores, aún por debajo del quórum reglamentario, mientras que Unión por la Patria constituirá la primera minoría.