Por qué abrieron la Mac, la pregunta que aún espera la verdad

Los hechos posteriores al asesinato de Luis Medina y de su novia, Justina Pérez Castelli, un 29 de diciembre tan caluroso como el martes, pero de 2013, quedaron en las tinieblas de la crónica política y judicial de la historia reciente de Santa Fe. Hubo un contundente informe de la comisión de Diputados que indagó en el caso, en base a documentos y declaraciones que deberían haber merecido una investigación penal. Pero no la hubo. De todo eso, entre ayer y los días venideros se cumplen siete años, y es en torno a eso que aquel diputado que presidía dicha comisión, Héctor Acuña, hoy reflexiona. "El tiempo transcurrido demuestra que no se actuó conforme a derecho. Queda pendiente cuidar las instituciones, más la Justicia, porque es el último reservorio de la sociedad para vivir en la verdad y con libertad de poder expresarnos", dice hoy, siete años después, en diálogo con Rosarioplus.com. Antes, este medio publicó esta reconstrucción de los hechos a cargo de los periodistas Maximiliano Ahumada y Juan Manuel Berlanga, en base a ese informe legislativo.

Acuña ya no es legislador. Es el secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia. Pero el tema conocido como "la Mac de Medina" lo desveló. De eso dio cuenta en un documento referido en su alocución en Diputados: 

"El tiempo demostró objetivamente dos cosas: que con solo el acta policial se podía ver que no se actuó conforme a derecho, porque allí se reconoce que la notebook de Medina ya había sido operada antes de que la fiscal de Cámara (María Eugenia Iribarren) llegara. Además, la propia jueza (Raquel) Cosgaya por escrito dijo que nunca solicitó colaboración al Poder Ejecutivo (para abrir la computadora), y que cuando la llamaron solo autorizó su inspección técnica, no el peritaje de la máquina", distinguió Acuña.

Luego de que sicarios balearan a quemarropa aquella madrugada en el Acceso Sur a Medina y a su novia, el juez Gustavo Pérez de Urrechu ordenó allanar la habitación del hotel Pullman en el que la pareja se hospedaba en esos días. Allí la policía halló la Ultrabook Mac Intosh del hombre asesinado. A Medina hasta entonces se lo tenía como un empresario de dudoso renombre que había conseguido habilitación municipal para abrir una franquicia del boliche Esperanto en Zeballos y Pte. Roca. 

El informe de la comisión de seguimiento legislativo del caso concluyó que aquel domingo, de manera inédita, dos funcionarios de la Secretaría de Tecnología, cercanos al ministro de Gobierno Rubén Galassi fueron enviados por el ministro de Seguridad Raúl Lamberto a la sede policial de la Sección Peritaje Informático de la URII. La computadora estaba secuestrada para ser peritada al día siguiente, pero los enviados del gobierno –Javier Echaniz y Martín Degrati– la abrieron igual. Tanto el juez Pérez de Urrechu como la jueza Raquel Cosgaya (intervinieron en el caso porque la jueza de turno, María Luisa Pérez Vara, se había escapado a Cariló) desmintieron la versión oficial del Ejecutivo: que mandaron a desbloquear la computadora porque la Justicia se los había pedido. 

"El juez Pérez de Urrechu dice por su parte que solo dictó orden de allanamiento, que nunca ordenó peritar la máquina. Y los propios funcionarios que firman el acta (Echaniz y Degrati) reconocen haberla operado sin autorización judicial", repasa hoy Acuña.

"Lo que estaba en juego eran garantías constitucionales, la privacidad de la correspondencia epistolar y el Código Penal tipifica esto en el artículo 153, por lo tanto ni siquiera alcanzaba con la intervención de un fiscal y requería la orden de un juez. Por eso llamaron a la jueza (Cosgaya), que por escrito contestó que aquella llamada fue después de la 0 hora", rememoró. Esto implica que cuando la jueza se enteró, ya hacía varias horas que los enviados del gobierno ya habían ingresado a la laptop de Medina sin permiso.

"Con el diario del lunes, y viendo el peritaje de la PSA se observa que la máquina había sido operada a las 16 horas de aquel domingo: hay un hecho más grave entonces, la falsedad de un acta policial que no refleja la verdad de los hechos", agregó Acuña. 

El ex diputado recordó el testimonio de los agentes policiales del área de Pericias Informáticas, Nicolás Llanes y Pamela Acosta. "Contaron que al llegar a la oficina se encuentran con que estaban operando la máquina, le habían colocado un chupete y estaban chupando información. Eso ya no era una inspección técnica sino un peritaje, pero sin orden judicial ni designación de peritos oficiales ni de partes", observó.

Mientras tanto, una comitiva de la División Judiciales de la policía allanó la casa de Medina en un country de Pilar sin orden judicial. Nunca quedó en claro qué fueron a buscar. Los policías rosarinos fueron detenidos en el ingreso al country. El suegro de Medina, Gustavo Pérez Castelli, fue quien habría facilitado esa misión a la casa que había compartido la pareja asesinada. Pérez Castelli también murió a balazos, en 2016. Luego de aquel allanamiento ilegal, la División Judiciales fue disuelta. Sus hombres declararon en Diputados que "todo el mundo sabía que íbamos a Pilar".

"Con el tiempo, lo que queda pendiente es cuidar las instituciones, más la Justicia, porque es el último reservorio de la sociedad para vivir en la verdad y con libertad de poder expresarnos. El tiempo demuestra que no se actuó conforme a derecho, y cuando uno lee el fallo final en el que agradecen a los funcionarios es poco más que una burla, una ofensa a la comunidad", remarcó Acuña en alusión al texto que el Ministerio Público Fiscal cerró su intervención en el caso y la causa pasó al naufragio sin pena ni gloria.

"El caso merece una revisión y darnos cuenta de que con el acta alcanzaba, y si no fue suficiente hay un peritaje posterior que ameritaría hoy una reapertura de la causa. Ese peritaje demuestra que se violó el artículo 153º del Código Penal. La historia siguió, y aunque la pena es excarcelable, no podrían haber seguido siendo funcionarios como después lo fueron", agregó Acuña en alusión a Javier Echaniz, que luego pasó a revistar como secretario parlamentario en Diputados. 

"A mí me queda la tranquilidad de saber que no me equivoqué cuando hicimos la comisión investigadora, ni cuando fuimos a fondo. Lo único que lamento es que si tal vez hubiera habido más acompañamiento de la política y de la sociedad este hecho no hubiera quedado impune. Ni hablar de hechos colaterales, de ese proyecto de ley con media sanción y que ya murió en el que pedía una recompensa para esclarecer la muerte de un testigo que no llegó a declarar y que fue el comisario Morgans", reflexionó Acuña.

Guillermo Morgans era jefe de Agrupación Unidades Especiales de la URII, y estuvo presente en esas horas febriles de intervención del Ejecutivo sin autorización judicial. Murió por las balas de un presunto asaltante que entró a robar al kiosco del hijo de Morgans, justo cuando éste había pasado de visita. Nunca se esclareció ese crimen ocurrido horas antes de que fuera a declarar como testigo.

"Solamente Dios, Morgans y algunos pocos sabrán el porqué de ese silencio, de nunca más hablar de ese tema -concluyó Acuña–. Estas son las cosas que nos quedan después de siete años en este momento tan particular. No tengo dudas de que si Omar Perotti hubiera sido gobernador en ese entonces este hecho no hubiera quedado impune", opinó.