Durante este jueves hubo fuertes críticas de parte de los gobernadores oficialistas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el fallo que dispone que el Gobierno nacional debe pagarle a la Ciudad de Buenos Aires un porcentaje superior al que venía desembolsando. El conflicto agudizó las tensiones entre los protagonistas, pero el mayor interrogante es cuál es el origen de esta discusión.

El Presidente Alberto Fernández encabezó una nueva reunión con gobernadores para coordinar una respuesta conjunta al fallo que obliga a la Nación a entregarle a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables. El encuentro fue convocado de urgencia y contó con la presencia de catorce mandatarios provinciales y con el faltazo de Omar Perotti. 

Desde el gobierno porteño consideraron que la detracción de fondos respondía a una cuestión política y era inconstitucional. Por su parte, desde el gobierno nacional, sostenían que la baja en el porcentaje de recursos perseguía un objetivo federal.  

Cronología

Macri, a poco de iniciar su gestión de gobierno, había subido la cuota porteña del 1,40 por ciento al 3,75, un incremento que, en septiembre de 2020, en la gestión del FdT, fue llevada al 2,32 por ciento.

Contra esa decisión recurrió a la Corte Rodríguez Larreta, por ser el máximo tribunal el que interviene en los juicios entre la Nación y las provincias.

Así se inició un proceso en el que la Corte convocó a las partes para que resolvieran sus diferencias y pusieran el porcentaje voluntariamente pero el intento fracasó.

La Ciudad le reclamó a la Nación que le pagara los "fondos retenidos" desde septiembre de 2020, más intereses, y señaló que "además de un perjuicio financiero, es una vulneración de la autonomía constitucional de la Ciudad Autónoma y resquebraja la situación de igualdad en que deben estar todos los actores del federalismo".

Para compensar esos fondos, la Ciudad dispuso un gravamen del 1,2 por ciento sobre todas las transacciones con tarjetas de crédito que se hicieran en la Ciudad, aunque Larreta prometió que se quitaría si recuperaba lo perdido.

A modo de aclaración, la Corte aseguró en el punto 10 del fallo que "la participación aquí discutida de la Ciudad de Buenos Aires en la masa total de recaudación a distribuir no afecta la coparticipación de las provincias".

"En efecto -continuaron los cuatro jueces-, sea cual fuere el resultado de este pleito los recursos coparticipados de las provincias no se verán afectados, pues la cuota correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires se detrae únicamente de los fondos que le corresponden precisamente a la Nación en la distribución primaria".

En el escrito de veinte páginas, publicado este jueves, la Corte consideró que "el Estado Nacional no puede reducir unilateralmente ex post facto el nivel de los recursos comprometidos para la financiación del gasto" de la Policía Federal.

La Corte tuvo en cuenta que los decretos de Macri, subiendo la coparticipación de la Ciudad, para el Gobierno Nacional "solo buscaron favorecer a la Ciudad de Buenos Aires por afinidad político-partidaria, pero sin contar con respaldo jurídico, presupuestario o económico".

En la misma medida, tomó en cuenta el argumento de la Ciudad en el sentido de que los decretos del expresidente "son actos válidos dictados en cumplimiento de acuerdos entre el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires".

Ahora, sin plazos, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda deberán resolver la cuestión de fondo y conexas, como por ejemplo el pago de intereses que reclama la Ciudad por el tiempo que operó el recorte de sus impuestos coparticipables.