Falleció este jueves José Rubén Lo Fiego, jefe de torturas de la patota que operó durante la dictadura militar en la entonces Jefatura de Policía, en la esquina de Dorrego y San Lorenzo. El genocida había sido imputado y condenado por 68 crímenes de lesa humanidad, en el marco de los juicios por los crímenes y desapariciones que se dieron en Rosario entre 1976 y 1983, orquestados por el  Servicio de Informaciones del II Cuerpo de la Policía de Santa Fe, a cargo en aquellos años de Agustín Feced.

Lo Fiego, apodado "Mengele" por su rol en la sala de tortura que funcionaba en pleno centro de Rosario, se encontraba detenido en el penal de Ezeiza. Hace poco, se había conocido la decisión del Tribunal Federal Oral N°2 de denegar su pedido de prisión domiciliaria, que había solicitado "por no tener quien lo asistiera llevándole medicamentos a la cárcel". Para la justicia, el genocida debía permanecer en cárcel común. Y allí murió hoy.

El represor había empezado a revistar en las fuerzas policiales en 1972, en la Comisaría 17 de Rosario. Y cumplió un rol clave en la desaparición de militantes políticos durante la dictadura. Había sido condenado a prisión perpetua por homicidios, torturas y privaciones ilegales de la libertad. Aunque en 1987, la Ley de Obediencia Debida le permitió recuperar la libertad y así había podido volver a la policía santafesina, para la que trabajó hasta 1998. Recién ese año, fue puesto a disponibilidad.

Vuelto a prisión, fue condenado a 12 años más, por más causas que se fueron llevando a Tribunales. Y en 2020, producto de la persistencia en los juicios por la verdad, Lo Fiego recibió además una condena por delitos sexuales, junto a otro represor que actuó en Rosario, como Mario “El Cura” Marcote.

En este caso, se trató de la primera vez en Rosario que las violaciones a las detenidas en un CCD (Centro Clandestino de Detención) fueron juzgadas por su carácter específico de violencia sexual y no como una forma más de tormento. Stella Hernández, actual dirigente del Sindicato de Prensa y ex detenida durante la dictadura militar, fue querellante en esa causa, que llevó diez años hasta conseguir una condena.