“Pudimos exponer la crueldad con la que se ejecutan estos incidentes”, resumió la fiscal Valeria Haurigot tras la extensa audiencia donde se imputó a Fran Riquelme y tres cómplices por balaceras a escuelas, comisarías y el Servicio Penitenciario de Rosario. En el diálogo con la prensa, tanto Haurigot como Franco Carbone, del Equipo para el Abordaje de Delitos Cometidos con Armas de Fuego, dieron detalles de una organización del delito novedosa para los investigadores. Destacaron la necesidad un video y mención en medios de comunicación de las balaceras como requisito para que los sicarios “cobren”. Y también pusieron en evidencia que algunos de los imputados tenían trabajo en blanco, como si balear instituciones fuera una changuita para llegar a fin de mes.

Concluyen que un pistolero de Alvarado ordenó las balaceras a edificios públicos

Según detallaron los fiscales, la investigación que derivó en esta audiencia comenzó en marzo de este año, con las primeras balaceras a escuelas. Haurigot consideró que la reconstrucción de los hechos permitió entender la secuencia completa de los ataques y con eso queda  descubierto, primero que nada, “el desprecio hacia la vida de los demás” con el que se manejaban. “Lo que buscaban particularmente era generar conmoción pública, infundir temor, causar intranquilidad en la población”.

“Pudimos exponer la gravedad de los incidentes, demostrar la crueldad con la que se ejecutan y el daño que le ocasiona al fisco mantener escuelas cerradas. Todo eso fue captado por el juez, el doctor Florentino Malaponte, que hizo especial énfasis en cómo habíamos logrado acreditar las características de los hechos, la modalidad, cómo se ejecutaban y se daban las órdenes desde la cárcel”, detalló la fiscal. “Y a diferencia de otras investigaciones, tres de las cuatro personas imputadas estaban en libertad. Ahora se encuentran tras las rejas”.

Una de las pruebas es contundente. Se trata de un video, encontrado en un celular secuestrado, en el que se ve a varias personas festejando lo que informa un noticiero: una balacera contra una escuela y la suspensión de las clases. Los fiscales aseguran que el hecho de que los ataques sean noticias era uno de los requisitos para el pago por “el trabajo”. El otro requisito era filmarse a ellos mismos cometiendo el hecho. Esto, para los investigadores, significa un “cambio de conducta”. “Ya no es el video en el que se jactaban del hecho con una especie de morbo, sino que son videos cortitos donde no se ven las caras pero sí la maniobra y esto es justamente la rendición de cuentas que se hace para tener el pago. Y a eso se le suma que se haga pública la noticia. Son dos requisitos para que se haga el pago”, detallaron. 

Otra de las evidencias que marcan las particularidades de este escenario es el hecho de que al menos uno de los imputados tenía un trabajo registrado, en blanco. Era a la par de ese trabajo que se dedicaban a balear instituciones del Estado, “cosa que tampoco era tan común”, subrayaron.