El cuerpo sin vida de Franco Casco apareció flotando en el río 30 de octubre de 2014; desde entonces, los familiares del joven de 20 años, a través de sus abogados querellantes, vienen luchando para que los culpables de la muerte y desaparición del muchacho tenga una condena justa.

En más de cuatro años, la causa pasó de un fuero a otro (provincial a federal) y tuvo dos autopsias, varias indagatorias y procesamientos. A pesar del extenso y lento trayecto judicial del caso, el inicio del juicio se encuentra retrasado por una decisión política del gobierno nacional: el recorte del presupuesto que sufrió el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

La nueva exhumación del cuerpo de Casco, que servirá para realizar una nueva pericia, se realizará el próximo 28 de marzo en la sede del cuerpo forense de la Corte Suprema en Capital Federal. Dicho estudio, para producir la identificación científica del joven, estará a cargo del EAAF.

"No podemos pedir la elevación a juicio porque la Cámara pidió que se profundice este aspecto de la investigación (identificación científica) que está abierto. Solamente por esto no se ha pedido la elevación a juicio", señaló abogado querellante Salvador Vera, en diálogo con Rosarioplus.com.

Según explicó el letrado, que representa a la hermana e hijo de Franco, la pericia "es una medida que fue solicitada hace más de un año por la fiscalía federal por distintas razones y se demoró hasta este momento fundamentalmente por el desguace producido por el gobierno nacional al EAAF".

En las dos autopsias que se realizaron sobre el cuerpo que fue hallado en el río Paraná, las comparaciones de ADN con los familiares de Franco (primero, con las de su madre y padre, y luego con las de su hijo y padre) dieron negativas; por esto, la fiscalía solicitó un análisis más riguroso a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense. "Es necesario que este equipo, con más experiencia, haga este tipo de identificación", afirmó Vera.

En cuanto a las irregularidades en las autopsias ejecutadas en el Instituto Médico Legal de Rosario, el abogado señaló: "El EAAF emitió un pre informe en el que analizó las intervenciones autópsicas del IML e hizo una numeración bastante inquietante de numerosas inconsistencias". Por ejemplo, entre los informes de las dos autopsias hay diferencias en el peso, la altura y marcas del cuerpo.

"Creemos que se afectó la calidad de las muestras y eso incidió en la situación", indicó Salvador, al hacer referencia a las comparaciones de ADN que dieron negativas, y remarcó que la incertidumbre que provocó la falta de una identificación positiva del cuerpo beneficia los procesados por la muerte y desaparición del muchacho.

De la cárcel a casa silbando bajito

"Enrique Gianola Rocha recibió el beneficio de la prisión domiciliaria en 2018 y no se notificó a las querellas", criticó el abogado querellante Salvador Vera. La medida judicial fue apelada por la fiscalía federal y las querellas, y la condición de detención del policía se volverá a tratar en una audiencia.

En octubre de 2017, el juez federal Carlos Vera Barros procesó a Gianola Rocha como "coautor del delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima". Siete meses después, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó el procesamiento del uniformado.

Desde su detención, el agente de seguridad pública insistió con la necesidad de cumplir la prisión preventiva en su casa para poder cuidar de su hijo con discapacidad.