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La Cámara Alta santafesina debate por estas horas un paquete de seis proyectos de ley destinado a mejorar la seguridad pública de la provincia, tema que hoy parece eclipsar cualquier otro en la agenda política de la provincia.

Estas iniciativas parlamentarias son las siguientes:

Reforma al Código Procesal Penal: es un proyecto presentado por el senador radical del departamento General López, Lisandro Enrico. Modifica la duración y los requisitos para la detención, facilita la aplicación de la prisión preventiva, aumenta las medidas y controles de las medidas alternativas, otorga más facultades a los querellantes, reduce la necesidad de audiencias dando más funciones a los fiscales, establece plazo para que los jueces realicen los juicios, y la obligatoriedad del juicio de flagrancia para esos supuestos.

Traspaso de fiscales y empleados de la antigua justicia penal al Ministerio Publico de la Acusación: cerca de 40 fiscales y empleados del sistema judicial que hasta hoy tenían el derecho de optar ser transferidos, pasarían a la órbita del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Ley de decomiso y administración de bienes: crea un registro único de bienes cautelados y decomisados y un organismo específico que los administre, como política de recupero de activos para abordar a bandas organizadas y apuntar al poder económico con el que se sostienen. Sobre este tema, Diputados aprobó con media sanción esta semana un proyecto del socialista Rubén Galassi.

Código Contravencional: De prosperar esta iniciativa de Enrico, la investigación de las faltas quedará a cargo de los fiscales. Se trata de una franja previa al delito y abordará temáticas relativas al entorno de los estadios de fútbol, pintadas, disturbios en las calles, ocupaciones de espacios públicos, entre otras.

Ampliación cantidad de fiscales: prevé la ampliación de la cantidad de fiscales titulares y adjuntos para las 5 circunscripciones de la provincia.

Ley de desbaratamiento de kioscos de drogas: proyecto de Lisandro Enrico que apunta a atacar los kioscos de venta de drogas con la intervención de jueces y fiscales provinciales asumiendo causas que hoy son exclusivas del fuero federal.

Consultado al respecto, Enrico explicó que las normas en debate "revisan el funcionamiento del sistema penal, y plantean entonces agilizar la detención de personas para que se establezca en 72 horas prorrogable por 24 más (es decir, de 3 a 4 días), mayor control y rigurosidad en las medidas alternativas a la prisión preventiva, flexibilizar el otorgamiento de las prisiones preventivas y revisar algunos obstáculos penales, agilizar el dictado de allanamientos, darle más facultades al querellante para poder intervenir en el proceso solicitando medidas cautelares personales, y la incorporación de reconocimiento fotográfico como una medida autónoma".

También, apunta a las apelaciones presentadas por los defensores para que no dejen sin efecto las resoluciones que establezcan la prisión preventiva hasta que se resuelva, la posibilidad de que los fiscales tomen medidas con la incautación de fondos cuando son delitos penales económicos, y la obligatoriedad de que los fiscales apliquen procedimientos de flagrancia en todos los casos que se den. Por otra parte, busca que se establezca aplicación de sanciones cuando haya incumplimiento de medidas alternativas a la prisión y destruir las armas secuestradas cuando al año nadie las reclame legítimamente. 

“Es una necesidad urgente que tenemos en Santa Fe de revisar la legislación procesal penal para que esté a la altura de las circunstancias crudas que estamos viviendo. La inseguridad no se soluciona con el cambio de una ley, es un trabajo más profundo, que tiene una raíz social. Con esta ley, algunos casos de inseguridad e impunidad son evitables”, puntualizó.