Exigen respuestas a la provincia por el estado de "desidia" en la Quinta de Funes

Dirigentes políticos y organizaciones de derechos humanos de la región reclaman al gobierno provincial por la falta de mantenimiento en el ex centro de detención clandestino La Quinta de Funes, ubicado en la vecina localidad.

Tras años de lucha por parte de un sector de la dirigencia política provincial, organizaciones y militantes, el sitio fue declarado como Sitio de Memoria y posteriormente expropiado por parte del estado provincial. Ahora reclaman que hace cinco años este patrimonio histórico permanece sin mantenimiento y en los últimos días sufrió un grave ataque vandálico.

El artículo 2 de la ley 13530/16 estableció que “el inmueble sea destinado a la constitución de un espacio de memoria histórica de interés municipal y a la instalación de un establecimiento educativo público al que se lo denominará "Ana María Gurmendi".

Alicia Gutiérrez, directora general de Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario y autora de la ley de expropiación de La Quinta de Funes, manifestó su sensación sobre las imágenes que se difundieron del estado actual de la propiedad.

“Como militante política y compañera de los desaparecidos me causa indignación la desidia por parte de la provincia y de Nación”, deslizó en diálogo con Rosarioplus.com.

 A su vez, remarcó que el atentado contra la Quinta de Funes tuvo que haber sido durante los últimos días, ya que la edificación se encontraba en buen estado durante el último tiempo. En las fotos se pueden advertir roturas en las persianas del frente de la propiedad y del contrafrente.

“Hay una responsabilidad del estado provincial, había que mantener una edificación, es muy distinto a lo que se hizo con La Calamita, donde hubo que reconstruir. La Quinta es un edificio en buen estado que había que mantener”, señaló la ex diputada nacional y provincial.

Por su parte, la referente política del partido Unión Popular de la localidad de Funes, también manifestó su descontento y aseguró: “El Gobierno Provincial y las áreas de gestión relacionadas a la materia no pueden ignorar ni desatenderse de la necesidad de proteger y convertir en espacio público común a un sitio que Funes y la región consideran centrales en la construcción de su identidad”.

Y concluyó: “Pero además, resulta primordial que el Poder Ejecutivo ejerza la facultad que le corresponde para controlar la seguridad y buen estado del inmueble, sin la cual es imposible pensar y proyectar un uso comunitario y compartido”.