El caso de Belén, en la provincia de Tucumán, hizo eco a nivel nacional por un claro pedido de justicia: libertad y anulación de la condena para la joven que había sido denunciada tras sufrir un aborto espontáneo en una guardia hospitalaria. Pero casos como este replican en distintos puntos del país, en silencio. Rosario no es la excepción: Yamila, de 23 años, espera sentencia penal tras haber sufrido un parto espontáneo en su domicilio. Desde la Multisectorial de Mujeres convocan a una concentración el próximo martes a las 10 en Tribunales, para pedir su absolución.

En marzo de 2012, Yamila S. tenía 19 años y era mamá de una beba de un año. Estaba separada de su pareja por problemas de violencia de género y tenía 39 semanas de embarazo. Una noche, se encontraba en su casa cuando sufrió una hemorragia grave que desembocó en un parto espontáneo. Ella pensó que el recién nacido había perdido la vida en el proceso. Asustada y en estado de shock, Yamila escondió el cuerpo. Cuando sus padres tomaron conocimiento de la situación, la acompañaron a un sanatorio privado de la ciudad para que la asistieran. Allí le dijeron que debían realizar la denuncia policial por lo ocurrido. Yamila quedó detenida. 

Después de pasar ocho meses en prisión, el juez a cargo de la causa consideró que no había existido delito y ella quedó en libertad. Pero el expediente nunca se cerró y en 2014 la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal pidió que se profundice la investigación, frente a la "carencia" de datos en la mecánica del hecho. Así fue que en mayo de 2015 la jueza de Instrucción 8ª, Delia Paleari, consideró que la chica había cometido un delito "de comisión por omisión" y ordenó la prisión domiciliaria, que empezó a tener efecto el 1 de octubre. Otra vez, Yamila perdió su libertad. Y todavía no la recuperó. 

La chica tiene hoy 23 años y cumple prisión domiciliaria preventiva hace 10 meses, acusada de "abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo". La nueva fiscal interviniente en el caso, Massini, pide 18 años de cárcel para Yamila. La jueza Marisol Usandizaga, que tiene a cargo de la causa actualmente, debe expedir sentencia en los próximos dos meses. Sus abogadas Juliana Tagliatti, Ingrid Plessen y María Noel Severo (que le ofrecen patrocinio gratuito) piden su absolución. 

Nora Giacometto es coordinadora de la ONG Ampliando Derechos, que acompañó a Yamila durante todo el proceso y en la cual la misma joven participó dando acompañamiento a mujeres mientras estuvo en libertad. En diálogo con Rosarioplus.com, expresó: "Como organización consideramos que le dimos a la Justicia todos los caminos formales posible. Ahora es necesario visibilizar la causa. Tenemos miedo de que se convierta en un caso que siente precedente y perjudique no sólo a Yamila sino a otras mujeres que pasen situaciones similares".

El Consejo Nacional de la Mujer intervino en la causa a través de la presentación de un amicus curiae (amigos del tribunal): una opinión fundada por especialistas en la promoción de los derechos de las mujeres. En ese documento, aseguran que "haber sometido a la mujer a un proceso penal de cuatro años y nueve meses de cárcel efectiva, más un año de arresto domiciliario, es una manifestación de discriminación de género". Por su parte, Giacometto remarca que en los argumentos de la acusación "se han utilizado todos los prejuicios de género posibles", aduciendo que Yamila cometió negligencia al "no haber evitado la muerte del bebé recién nacido ni haber tomado recaudos de atención para el caso del menor".

En este sentido, una primera pericia realizada por el Equipo Interdisciplinario de Salud Mental de la provincia constató que Yamila se encontraba transitando un "episodio disociativo" luego del parto espontáneo. Mientras que el Juez Beltramone, quien había resuelto absolver a la joven, tuvo en cuenta este diagnóstico, los magistrados que tomaron la causa posteriormente decidieron descartarlo. 

Como la causa se encuentra en instancias definitorias y la situación preocupa, desde las organizaciones por los derechos de las mujeres nucleadas en la Multisectorial convocan a una concentración el próximo martes a las 10 en la puerta de Tribunales. Pedirán la absolución o una pena mínima, dado que Yamila ya cumplió 18 meses de confinamiento. "Actualmente Yamila está atravesada por la imposibilidad de salir a trabajar y de hacerse cargo de su hija de 5 años", aseguró Giacometto, y agregó: "Si para el Encuentro de Mujeres (8, 9 y 10 de octubre), la jueza todavía no se expidió, vamos a aprovechar la coyuntura para realizar una nueva movilización".

Además, Nora destacó que cuentan con el apoyo de siete ediles mujeres del Concejo Municipal, que acompañarán el reclamo del martes. Las concejalas son Norma López (Frente para la Victoria), Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular), Lorena Giménez (Partido del Progreso Social), Marina Magnani (Unidos y Organizados), Celeste Lepratti (Frente Social y Popular), María Eugenia Schmuck (Radicales Progresitas), y Caren Tepp (Ciudad Futura). Lorena Giménez, además, es quien está pagando el acompañamiento psicológico que recibe Yamila durante su reclusión domiciliaria.