A principio de 2015, Josefina Luppi tenía su campo desocupado, unas 124 hectáreas situadas en Monte Flores, distrito de Villa Amelia. Le llamaba la atención que la boleta del impuesto inmobiliario demorara en llegar a su domicilio en Rosario. Esperó un tiempo: ya tenía pagos los de su casa pero los del campo seguían sin llegar. Entonces decidió pasarle a su hijo los datos para que descargara online los correspondientes aforos. Así descubrió que había sido estafada. 

Su hijo, Martin Navarro Luppi, ingresó al sistema y encontró algunos datos que no coincidían, entre ellos una fecha de venta y el Cuit del "nuevo titular", que correspondía a un tal Marcelo Basilio Jaef. Josefina pensó que podría tratarse de un error así que buscó en la guía a este hombre y logró comunicarse con él. Grande fue su sorpresa cuando el hombre le dijo que era su campo, que se lo había comprado a González de Gaetano. Luego, la amenazó: “Esto lo tenemos que arreglar entre nosotros, usted no haga ninguna denuncia, porque si usted es mala conmigo, yo voy a tener que ser malo con usted y hay un hombre peligroso suelto”.

El fraude y la amenaza quedaron detallados en la denuncia presentada el 13 de mayo de 2015 ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por Martín Luppi, el hijo de la damnificada. Pero hacía ya un año que la red había comenzado a trabajar para estafar a su madre y, para ese entonces, estaba a días de dar el paso final: la venta del inmueble por su valor real, y no las figuradas ventas tendientes a darle apariencia legal a su procedencia.

¿Cómo apropiarse de un campo en cuatro simples pasos?

Los integrantes de la red desbaratada la semana pasada en la ciudad están acusados de haber cometido los delitos de fraude, estafa y falsificación ideológica para tomar parte de la compraventa del terreno de 124 hectáreas situado en Villa Amelia. No es solo este hecho, hay seis más.

Según información de fiscalía, están involucrados en el caso Juan Roberto Aymo, Eduardo Martín Torres, Juan Bautista Aliau, Maximiliano Rodrigo Gonzalez De Gaetano, Marcelo Basilio Jaef, Pablo Marcelo Abdala, Leandro David Pérez, Jorge Oneto y Luis María Kurtzemann.

 

Primer paso

Según la imputación elaborada por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, el 13 de febrero de 2014, Juan Roberto Aymo presentó un poder ante el escribano Eduardo Martin Torres, quien con conocimiento y connivencia de su falsedad, lo aceptó y lo insertó en el Registro de la Propiedad. Sólo hasta aquí ya se cometieron los delitos de fraude y falsificación ideológica.

El documento en cuestión establecía que “Ana Josefina Luppi le confería Poder Especial de Venta y Trámites Administrativos a favor de Aymo, para que en su nombre y representación, ceda, venda y transfiera” un campo de 124 hectáreas situado en Monte Flores, Distrito de Villa Amelia, Departamento Rosario.

Segundo paso

Un mes y medio después, el 31 de marzo de 2014, Aymo utilizó el mencionado poder para en nombre y representación de Ana Josefina Luppi, vender el campo a Maximiliano Rodrigo Fabián Gonzalez De Gaetano, tercer imputado. El “comprador connivente con la maniobra ilícita” como lo menciona la fiscalía, compró el campo en la "aparente y vil suma" de 3 millones de pesos, cuando se trataba de una propiedad valuada en cerca de 10 millones.

La venta fue instrumentada en la escribanía de Juan Bautista Aliau, cuarto imputado, que a sabiendas de la falsedad del poder que Aymo presentaba transfirió los derechos de propiedad, posesión y dominio a González De Gaetano “por la suma de $ 3.000.0000 (pesos tres millones) los cuales la parte vendedora recibe en el acto y a entera satisfacción de manos del comprador”.

Ese 31 de marzo de 2014, Aliau presentó el primer testimonio de la escritura apócrifa ante el Registro General de la Propiedad Inmueble, logrando que se insertara el cambio de titularidad dominial que de ahora en más pasó a estar en manos de González De Gaetano.

Tercer paso

De ahora en más González de Gaetano y el resto de los mencionados, y algunos que se irán agregando, participarán con diferentes roles en sucesivas ventas del citado campo, con el objetivo de ponerlo en circulación en el mercado y que parezca de origen lícito.

  • 04 de julio de 2014: González de Gaetano vende el inmueble a Marcelo Basilio Jaef y Pablo Marcelo Abdala en 3 millones 200 mil pesos. Aquí participaron Leandro David Pérez, quien ofició de intermediario entre las partes, las puso en contacto y arregló la compraventa, y nuevamente el escribano Juan Bautista Aliau.
  • 27 de mayo de 2015: Jaef y Abdala vendieron el inmueble a Jorge Oneto, quien también conocía la procedencia ilícita del mismo, en tres millones 500 mil pesos. Nuevamente, Pérez auspició de intermediario entre las partes y fue el notario Luis María Kurtzemann, quien instrumentó la nueva compraventa.
    En la matriz de la escritura el escribano especificó que “Jorge Oneto abona en el acto a los vendedores la suma de $ 3.500.000 en efectivo”. Sin embargo esto tampoco era cierto ya que ese pago se efectuó mediante un intercambio. Jaef y Abdala recibieron un millón 500 mil pesos y una unidad funcional de la Torre Acqualina. Además Perez también obtuvo su pago ya que se le concedió una segunda unidad de la Torre Acqualina.

Cuarto paso

El 19 de mayo de 2015, a un año de haber logrado el poder sobre el campo mediante la falsificación de documentos y su puesta en el circuito comercial aparentando compras, Jorge Oneto, el último comprador de la serie de compras y ventas fraudulentas, vende el citado bien inmueble a Juan Marcelo Borgui por la suma de U$S 1.600.000.

Las pruebas de los delitos

Para probar todo esto la Fiscalía colecta, junto con las denuncias de los damnificados, una serie escuchas telefónicas, escrituras, documentos de las distintas propiedades y objetos que se secuestraron en los distintos allanamientos como evidencia probatoria de los delitos de fraude, estafa, falsedad ideológica y lavado de activos.

Además, dentro de las pruebas se incorporaron los registros de los movimientos de las cuentas bancarias de los distintos imputados, no son coincidentes con las operaciones de compra y venta que decían efectuar y que quedaron detalladas en el Registro General de la Propiedad Inmueble.