El discurso por la apertura del año del Poder Judicial por parte del presidente de la Corte santafesina, Daniel Erbetta, se esperó con expectativas por el contexto violento en que vive la ciudad, pero también por que en estos momentos se define el concurso por las autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Si bien no se esperaba mención directa a la competencia, que ya despertó polémica por la designación en la terna de Roberto Prieu Mántaras y la exclusión del fiscal Luis Schiappa Pietra, el cortesano envió a su modo algunos mensajes.

En primer lugar advirtió la necesidad de reformas “para construir una fuerte institucionalidad” como la de la constitucional provincial, la de la estructura policial, y la “modificación del sistema de integración de los jurados para la selección de los responsables del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servico Público de Defensa Penal (SPPD) para garantizar la mayor idoneidad y expertise en dos instituciones claves”.

Este último pedido de modificación es todo una referencia, solapada, a la ley de 2018 que sancionó la Legislatura por la cual se atribuye la potestad exclusiva de las “faltas graves o comisión de delitos dolosos” de los fiscales y defensores. Es decir, los puede remover, una cuestión delicada porque rumbea los límites de la división de poderes y sus derivaciones del control político. 

Antes, la Auditoría General del MPA era la que investigaba y acusaba llegado el caso a fiscales y defensores por algún mal desempeño, y, dentro de esa esfera, un tribunal plural compuesto por el Fiscal General, un fiscal regional de otra jurisdicción, un diputado, un senador y un abogado matriculado sancionaban y hasta removían si ameritaba. Desde entonces no, lo hace la Legislatura.

Vale recordar que esa ley fue declarada inconstitucional y llegó hasta la Corte Suprema provincial en una tensión fuertísima entre la Justicia y la política, y terminó siendo ratificada por el máximo tribunal, con un voto en disidencia de, justamente, Erbetta.

También hubo un apoyo implícito a Schiappa Pietra promediando su discurso. Las amenazas y balaceras a nuestros fiscales, jueces y tribunales, únicas en la historia judicial argentina dan cuenta de ello. Sin perjuicio del reconocimiento a tantas y tantos fiscales, juezas y jueces me permito la licencia del reconocimiento a la labor de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos. Esta está a cargo del propio Schiappa Pietra y Matías Edery. Se los vio cambiar el semblante en ese momento a ambos fiscales.