Teniendo en cuenta que la inflación es hoy el principal problema de los argentinos, y del gobierno, resultan esclarecedoras las respuestas del economista Andrés Asiain, economista y docente, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales “Raúl Scalabrini Ortiz” (CESO); sobre la suba de precios “cultural” o “acumulativa”. Asegura que la idea de que en Argentina se aumentan los “precios por las dudas” es el resultado de teorías tradicionales que no incorporan el carácter histórico de la inflación.

Según opinó Asiain en el diario Página/12 hay que entender que la evolución de los precios tiene un carácter acumulativo y, por lo tanto, históricamente determinado. Y agrega que una sociedad que tuvo un salto inflacionario que perduró en el tiempo gracias a determinados mecanismos propagadores, “puede ingresar en una senda inflacionaria con escalones cada vez más elevados”.

Explica además que la tasa de variación de los precios de un año se proyecta al siguiente mediante el reajuste de alquileres, salarios, costo de financiamiento, entre otras. La aceleración de los aumentos de precios que provocan dichos eventos “se transforma en un nuevo piso de inflación inercial, dando lugar a un sendero inflacionario sin necesidad de recurrir a teorías
culturales o biologicistas sobre banqueros centrales o empresarios, asegura el economista. 

Narcotráfico y competencias

El gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin lograron el objetivo de cambiar el paradigma respecto del flagelo del narcotráfico. A partir de la reunión del jueves en la facultad de
Derecho de Rosario, con miembros de la Corte Suprema y los jueces federales de todo el país; quedó más claramente instalado que es un problema de Argentina y no sólo de Rosario o de la zona. Es lo que ambos funcionarios se habían propuesto tras las reuniones con el presidente Alberto Fernández y el ministro de Seguridad Aníbal Fernández.

En la reunión de magistrados federales convocada por la asociación AJUFE en Rosario, se destacó un testimonio que en el momento no tuvo demasiado impacto local pero sí logró alcance nacional en algunos medios y que sirvieron para abonar esta teoría del “problema nacional”.

Fueron las palabras del juez federal Miguel Ángel Guerrero, de Eldorado (Misiones) con competencia en la Triple Frontera. El único juez federal de esa localidad fronteriza dijo que si no se prestaba atención a lo que estaba pasando en su jurisdicción “en diez años vamos a tener un problema muchísimo más grave que el que en este momento vive la ciudad de Rosario”. Guerrero trabajaba codo a codo con el fiscal antidrogas paraguayo Marcelo Pecci, asesinado la última semana por sicarios en una playa de Colombia mientras se encontraba de luna de miel.

En ese marco fue que el presidente de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti se comprometió a cubrir las vacantes que tiene la justicia federal en Rosario. “Es lo menos que podemos hacer”, señaló. Pero fue otro ministro de otra Corte, la provincial, quien advirtió
que no sólo se trata de una cuestión de recursos humanos o presupuestarios. Daniel Erbetta aseguró que también se trata de una cuestión institucional de la justicia federal de determinar claramente el objeto de la persecución penal.

De todas maneras ejemplificó que en Rosario hay actualmente dos jueces de instrucción y tres fiscales, y tres tribunales de juicios oral con tres jueces cada uno. “¿Para qué quiero nueve jueces de juicio?”, se preguntó Erbetta y aseguró que en cualquier sistema la pirámide es al
revés. Se necesitan tener por lo menos tres fiscales por cada juez y menos jueces de juicio.

Además, el integrante de la Corte provincial destacó que a pesar de que los poderes judiciales, como también la política, están atravesando una crisis de legitimidad y confianza muy grande, el actor que menos puede ser reprochado por el problema de seguridad en Rosario es la Justicia porque la mayor capacidad de respuesta está del lado de los fiscales y los jueces penales. “Los que están en deuda son otros sectores", señaló.