No a la guerra
La política no tiene tiempo, sólo urgencias. Reconstruir el tejido social en los barrios más vulnerables de Rosario, urbanizar, hacer la vida más digna en esos territorios, insume mucho tiempo. Lo mismo que reformar la policía provincial que lleva 40 años de proyectos naufragados. Nadie tiene la paciencia y los recursos, las demandas son ahora y para eso nada mejor que ofrecer soluciones inmediatas y concretas, después discutimos los resultados.
El gobernador Maximiliano Pullaro desarrolla la gestión a ese ritmo, el de las redes sociales que le dieron éxito y votos también a otros. Una foto de presos semidesnudos en el piso de un pabellón muestran actitud, coraje y años de administración penitenciaria resumidas en un click. El
presidente salvadoreño Nayib Bukele le dio una idea formidable a todos aquellos que quieran echar mano a la demagogia punitivista.
Claro que había que cortar el enlace de los presos de alto perfil con su tropa de calle para frenar los delitos complejos que se ordenan desde esas celdas. Pero no era sólo sacar celulares y aplicar castigos con los familiares y poner al límite los derechos de los detenidos (sí, los tienen por más peligrosos y asesinos que sean, por eso Bukele está denunciado en Naciones Unidas).
La tarea era más compleja e implicaba inteligencia y fidelidad policial para controlar la calle y
evitar los asesinatos de estos días. Pero, nuevamente, no hay tiempo. Pullaro sabe que se juega su mandato en estas decisiones políticas y lo cree desde el momento en que decidió ser el ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz. Para impulsar su carrera debía dejar la cómoda
poltrona de la Cámara de Diputados de la provincia y pasar a la acción. Eso lo llevó nada menos que a la Gobernación.
Las decisiones de la provincia en la materia hay que contextualizarlas también en un clima de época. Impera el discurso punitivista en la cabeza del presidente Javier Milei y su dama de hierro Patricia Bullrich que, como el gobernador santafesino, cree que respaldando a la fuerzas de seguridad se tiene la mitad de la batalla ganada.
Recién después de esta crisis de violencia mortal en Rosario se volvió a reconocer que hay un alto grado de connivencia de la fuerza con el delito complejo. Con todo, una parte de la policía responde porque si no se hubieran logrado la veintena de arrestos inmediatos tras los
crímenes que dejaron tres muertos y un herido de gravedad.
El progresismo político no está dispuesto a resignar sus convicciones en la materia y por eso pierde terreno -y votos- entre la gente que pide castigo severo y menos contemplación de los derechos. ¿Cómo imponer un criterio de seguridad social ante la poderosa imagen de una
tanqueta recorriendo las calles de la ciudad? Eso es lo que se verá en los próximos días cuando vehículos del Ejército desembarquen en Rosario. Aunque los trascendidos indican que no hay mucha voluntad de las fuerzas armadas en arriesgarse a meter las narices en los asuntos
internos.
Son tiempos riesgosos no sólo por la espiral de violencia narcocriminal sino por la tentación de plantear como respuesta en el territorio una “guerra” que ya fracasó en muchos lugares del
continente. Afinar las decisiones en el objetivo de pacificar no significa ni retroceder ni sentarse a tomar mates con la ranchada, como dijo el ministro de Seguridad Pablo Coccocioni que eligió un
lenguaje tumbero para dejar en claro que no habría negociación alguna con los jefes criminales detenidos.
La semana que pasó, mientras Rosario estaba bajo ataque criminal, la Asamblea Legislativa provincial en pleno se enfrascaba en la tarea de suspender a uno de los fiscales que más trabajó para poner tras las rejas, y con severas condenas, a los más encumbrados jefes de bandas
narco de Rosario. Más allá de si Matías Edery se extralimitó o no en el uso de sus informantes para obtener prueba de peso en estas causas; la imagen resume a qué distancia está a veces la política de la realidad.
Es importante conocer también los detalles que brinda la defensora provincial Estrella Moreno Robinson que presentó acciones judiciales para pedir informes sobre la situación planteada dentro de los penales santafesinos con las imágenes a lo Bukele. "No es el modelo que
esperamos", anticipó la funcionaria del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal; al tiempo que apuntó a cuestiones como la resocialización y reinserción de personas privadas de la libertad, y al trato digno.
Moreno Robinson aseguró que "el hacinamiento es un tema recurrente" en los penales de Santa Fe. En ese contexto, detalló que "a diez años de la implementación del sistema procesal penal acusatorio creció exponencialmente el número de personas privadas de libertad": De tener
"una tasa de 135 personas cada 100 mil habitantes; a fines de 2023, la misma era de 291 personas cada 100 mil habitantes". Hay más presos que nunca, “la puerta giratoria” que repite la gente como loro, no existe.