Franco Casco, un caso de violencia institucional y odio racial en la ciudad

El martes 18 de julio se conocerá finalmente el veredicto en la causa por tortura y desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco. Son 19 los imputados, de los cuales uno quedó sobreseído y catorce tienen pedido de prisión perpetua. Para otros cuatro, la querella solicitó penas menores por ser considerados partícipes secundarios de los hechos. En la jornada de este martes, los imputados, quienes sostienen que Franco se ahogó en el río sin participación de terceros, tendrán también la posibilidad de manifestar unas últimas palabras al tribunal.

Franco Casco viajó a Rosario desde Florencio Varela, ubicada al sur del Gran Buenos Aires, para visitar a unos familiares en 2014. Fue visto por última vez el 6 de octubre cuando iba a tomar el tren de regreso a su ciudad. Tras operativos de rastreo, testimonios que indicaban haberlo visto y otras acciones, que luego fueron entendidas por parte de la querella como evasivas, el 30 de octubre, a la vera del río Paraná, apareció el cuerpo de un joven con importantes signos de deterioro. Las crónicas periodísticas de esa jornada hablan de un rostro comido por los peces. Era el del joven de 23 años, que se quedó para siempre en Rosario.

Guillermo Campana, abogado querellante, y Eugenia Cozzi, investigadora del Conicet y testigo en el caso para aportar el marco sociológico en el que se da la desaparición de Franco Casco, hablaron con Rosarioplus.com para referir qué pasó en estos diez años de lucha y reclamo de justicia. Los dos apuntan a la posibilidad de expresión de los jóvenes de barrios marginales, el mea culpa del Estado y un nuevo ciclo del activismo organizado contra la violencia institucional.

Para el abogado Guillermo Campana el proceso penal llevado adelante a lo largo de estos años expuso ante la opinión pública lo que sucedía en los barrios populares de la ciudad, algo que las organizaciones de derechos humanos venían denunciado. Pero además, llevó a modificaciones concretas en relación a los procedimientos de la policía y de la justicia.

“Fue emblemático en el sentido de que se pudo denunciar y hacer público lo que sucedía en ese momento con la policía de la provincia de Santa Fe en relación a los jóvenes de los sectores populares. Pudieron manifestar que eran permanentemente detenidos sin razones, maltratados, hostigados por el personal policial. Además, quedó evidenciado que pasaban por las comisarías sin ser registrados y luego eran amenazados para que no realizaran denuncias”, detalló Campana. Todo esto sucedía de manera habitual en los barrios de la ciudad de Rosario, por lo que afirma que “lo de Franco fue un corolario de todo eso e implicó un hecho dramático con un final letal”.

La investigadora, abogada y antropóloga Eugenia Cozzi coincide en este planteo. “Por primera vez, jóvenes de sectores populares, que suelen pisar tribunales únicamente como imputados, se pudieron sentar como testigos y víctimas de lo que sufren cotidianamente y contárselo a los jueces. El Estado pudo escucharlos como víctimas y no como sospechosos”. Muchos de los jóvenes que estaban detenidos esa noche en la Comisaría 7ma de la ciudad, donde lo detienen a Franco Casco de manera irregular, pudieron narrar qué sucedió, pero además dejar en claro que las torturas, las vejaciones, el maltrato de absorción eran prácticas habituales de esa comisaría y de la policía de la provincia en general.

De todo esto se desprende el segundo aspecto a destacar según los entrevistados, que marca un antes y un después en el campo de los Derechos Humanos, y es el reconocimiento por parte del Estado de que la violencia institucional existe. “La prueba de este reconocimiento es la creación de la fiscalía especializada en violencia institucional en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación. Si bien ha sido muy ineficaz para hacerlo, su creación implica un reconocimiento de este delito cometido por el Estado, algo que antes era sistemáticamente negado”, planteó Campana.

Otra de las modificaciones, esta vez en los procedimientos policiales, es la decisión de que se retiren todos los detenidos de las comisarías. Según el abogado, “esta práctica generaba muchísima violencia porque no son espacios preparados para tener detenidos y los efectivos que trabajan en las comisarías no tienen función de agentes penitenciarios. De esto derivaban permanentes conflictos, motines, y además le daba la policía la potestad de detener personas sin registrarlas, extorsionarlas, y hacer un control territorial a partir de esa herramienta que tenían, que era la detención por averiguación de antecedentes”.

Para Cozzi, todas estas modificaciones fueron en gran parte gracias a la inauguración de una nueva etapa en el activismo organizado contra la violencia institucional. “Se da un nuevo ciclo de protestas. Lo de Franco Casco corre el límite de lo que se venía viendo y entonces también permite nuclear un montón de casos que sucedían en la ciudad y que tenían en común la búsqueda de justicia. Se inscribe el caso en una serie más amplia de casos de violencia institucional”, plantea la investigadora. Esa serie de abusos policiales que menciona le da otro volumen al caso y permite mostrar las acciones policiales, no sólo en el hecho puntal, sino como parte de la cultura policial.

El abogado Campana espera que el caso sea un mensaje para que haya una modificación en relación al trato que se le da a los jóvenes de barrios marginales y en el modo en que desde las fuerzas se cree que deben garantizar seguridad. "Construyen como enemigos de la población a los pibes pobres, que según su mirada son los únicos capaces de producir delitos. Nosotros no vemos que vayan a la Bolsa de Comercio, detengan a todas las personas y les revisen los maletines”.

Hace una semana, fue noticia la condena a los efectivos policiales que mataron a Lucas Gonzáles. Uno de los aspectos más destacados fue el reconocimiento por parte del juez de la figura de odio racial y fue usada como agravante para determinar las penas. En el juicio que se llevó adelante por el crimen de Franco Casco, si bien no se utilizó la figura como agravante para el pedido de condenas, quedó demostrada la presencia de racismo. “La discriminación y la selectividad que tiene la policía para determinar la población peligrosa quedó expresada en las declaraciones de los jóvenes que estuvieron esa noche en la comisaría. Expresiones como ‘negro de mierda’, ‘caco’, son términos que se utiliza en el ámbito policial para referirse a determinados sectores de la de la población”.

El testimonio de Eugenia Cozzi fue clave en este sentido. La investigadora mostró a partir de sus investigaciones el marco social en el que se produce la desaparición del joven de 23 años. “Ha habido una dimensión clasista en estas prácticas y también en la práctica de alguna de las defensas que representaban a los policías. La forma en como maltrataron y discriminaron a la familia de Franco, en que la ningunearon y agraviaron, no tiene justificación. No había ninguna necesidad de hacerlo para ejercer una defensa eficiente, para garantizar el derecho de defensa”, expresó.

Finalmente Cozzi se preguntó “¿quiénes son todos los actores estatales que desaparecieron a Franco y que maltrataron a su familia?”, para afirmar que en este grupo no está solo la policía de Santa Fe. “Se puede poner a parte del Poder Judicial, si nos ponemos a pensar en la actuación del MPA en esos primeros momentos, al Instituto Médico Legal y su accionar cuando se halló el cuerpo, y un montón de actores que con acciones u omisiones colaboraron para que este hecho sucediera”.

La última jornada del juicio estaba prevista para el jueves 13, pero se pospuso por pedido expreso del ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brilloni, quien dijo no poder “garantizar un correcto operativo policial con fines preventivos puesto que se superpone con la afectación de recursos destinados a las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en la provincia de Santa Fe”. Desde Tribunales Federales definieron reprogramarla para este martes a las 9. Allí, 18 imputados recibirán la pena, en el caso de que corresponda, por su participación en la tortura y desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco.