La revelación de que en el seno del Ministerio de Seguridad de Santa Fe se llenaban carpetas con perfiles de políticos, gremialistas y periodistas entre otras personalidades públicas; es -de comprobarse- un duro golpe para el gobierno provincial y argumento de peso para todos los enemigos que supo ganarse en esta provincia Marcelo Sain.

Todo lo que representó su jerarquía académica en la materia, su decisión de llevar adelante un combate frontal contra el crimen organizado y sus cables con la política, quedará bajo la sombra de la duda. Sain y Santa Fe perdieron una gran oportunidad en un proceso que empujó con decisión política el gobernador Omar Perotti.

Así como eran importantes los modos en un funcionario con la centralidad que tuvo en el gabinete; también era fundamental que Sain no trajera a Santa Fe las maneras que tiene la política de Buenos Aires que muchas veces se construye básicamente con la información calificada que se tiene del adversario. La lógica del macrismo que terminó hasta espiándose internamente.

Pero es claro que la actitud del ex ministro no hace pasar al archivo que la Legislatura haya creado una ley para echarlo del Ministerio Público de la Acusación adonde había llegado por concurso de la mano del gobierno del Frente Progresista. Tampoco hace que caiga en el olvido que un senador provincial quiera castigar a los fiscales que lo investigan por supuestos vínculos con el juego clandestino.

El senador Armando Traferri rompió con el gobernador cuando confirmó que Sain sería el ministro de Seguridad. Y no fue porque supiera de los métodos del creador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; sino porque estaba seguro de que recortaría su poder e influencia sobre algunos sectores de la policía provincial y de la justicia.

Las “carpetas” del staff de Sain en Santa Fe no pueden borrar lo que pasa y pasó en esta provincia en los últimos años en materia de connivencia con el delito organizado. “Alguien contrató servicios criminales para desestabilizar”, dijo una fuente de Fiscalía después de las resonantes balaceras al local de comida rápida Jorgito Junior´s y a la parrilla El Establo.

Los investigadores aún no saben por qué pasaron casi 40 minutos desde los disparos de ese domingo a la noche, hasta que el hecho fue reportado por una patrulla. Esa “ventana” tiene en alerta a los que entienden en la causa.

Cuando la fiscal regional María Eugenia Iribarren y el ministro de la Corte Suprema Daniel Erbetta hablaron en estos días de “crisis institucional” con respecto a la inseguridad aún no había ocurrido el allanamiento al ministerio que “descubrió” las carpetas de la polémica que presuntamente iban a ser destruidas por los funcionarios de Sain que ya habían presentado su renuncia ante el gobernador y estaban juntando sus cosas para irse.

Recién después del procedimiento varios dirigentes de la oposición empezaron a hablar de “crisis institucional”, pero por el hallazgo en Casa de Gobierno en Rosario y no por los desaguisados impresentables entre la Legislatura y la justicia de Santa Fe que ya tildó públicamente a varios legisladores de “apretadores de jueces y fiscales” en un documento del Colegio de Magistrados de Rosario. Cada cual ve la “crisis institucional” donde le conviene.

Esta semana Perotti tendrá que remontar una cuesta empinada con los dirigentes de la oposición convocados para que hagan su aporte para solucionar la escala de violencia en Rosario y para la seguridad en general. El presidente de la Cámara baja Pablo Farias y el diputado radical y ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro ya avisaron que empezarán la charla preguntando por lo de las “carpetas”.

Antes de eso, los dirigentes opositores ya habían dado muestras de hasta dónde llegaba su voluntad de aportar para las políticas públicas de seguridad. Mientras el Frente Progresista repetía hasta el cansancio que el gobernador debía convocar a la Junta Provincial de Seguridad (que ya no había dado ningún resultado concreto en la gestión anterior); desde Juntos por el Cambio se limitaban a repetir los exabruptos de la ex ministra Patricia Bullrich que quiere traer las Fuerzas Armadas a la provincia.

Para no mencionar que tanto senadores como diputados, en su mayoría obviamente, hicieron naufragar la declaración de la Emergencia en Seguridad en la última sesión ordinaria del período. De igual manera que cajonearon todos estos meses el paquete de leyes de seguridad pública que el Ejecutivo envió oportunamente.

Cuando la pandemia había empezado a dar un respiro a la gestión provincial y los repuntes de la actividad económica encuentran a este distrito como líder de esa recuperación; los balazos y la intriga política amenazan con opacar todas las áreas.