Un represor condenado por delitos de lesa humanidad solicitó su libertad condicional, pero finalmente terminó perdiendo hasta el beneficio de la prisión domiciliaria que le habían otorgado.

Se trata del genocida Lucio ‘Ronco’ Nast, sobre quien el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Rosario decidió no solamente rechazar el pedido de libertad -solicitado en función de los años que lleva preso-, sino también revisar y revocar aquel beneficio que se le había sido otorgado por la pandemia de Covid-19 en 2020 y que ya no resultaba necesario.

En diálogo con la Sí 98.9, la abogada querellante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Gabriela Durruty, explicó que tanto este pedido de Nast como otros como el de Juan Amelong (y más que se vendrán próximamente) tienen que ver con que “se están cumpliendo los 20 años de la nulidad de las leyes de impunidad, y entonces, sobre todo los más connotados represores, porque son los que, debido a su ferocidad, eran identificados desde los primeros momentos por los compañeros y compañeras sobrevivientes, ya empiezan a cumplir los 20 años detenidos”.

De aquellos, la mayoría transcurrieron esos años en prisión preventiva, ya que a pesar de haber recibido condenas, uno de los efectos directos de los juicios orales es que aparecen nuevos casos, nuevas víctimas, nuevos testimonios, y entonces son sometidos a nuevos procesos. “Como este es uno de los requisitos que plantea la norma para acceder a la libertad condicional, con el solo hecho objetivo de cumplir los 20 años, ya lo empiezan a plantear en todo el país”, agregó Durruty.

No obstante, estos planteos están siendo rechazados por la Justicia, ya que entienden que “no corresponde hacer lugar a la solicitud” y recuerda la condición de “presos preventivos” (peligro procesal) que tienen en otros tribunales. En el caso de Nast, además, se dio que se encontraba cumpliendo su pena en prisión domiciliaria, por un beneficio que solo estaba pensado a raíz del contexto pandémico.

“Entró a la audiencia pidiendo una excarcelación en su caso, y el tribunal decidió rechazar esa excarcelación, pero además revisar la procedencia de la domiciliaria y ordenó su detención y su traslado a una unidad de detención común”, confirmó Durruty en una entrevista radial con “Estamos de Vuelta”.

De la misma manera, la abogada recalcó que “es importante que quede claro que acá de parte de los sobrevivientes y los organismos siempre el pedido fue juicio y castigo”, y que entonces “se respeta el derecho de defensa”.

“Lo que nosotros sostenemos no es que no tienen derecho a pedir, sino que deben cumplir los requisitos que se piden, y que es algo que en su mayoría no cumplen, porque no es solo el hecho de cumplir 20 años, sino que, por ejemplo, la ley argentina habla de resocialización, y tenés que probar que estás resocializado. No es una obligación resocializarse, pero si vos querés acceder a los beneficios que prevé la norma, o no, también tenés que cumplirla”, detalló. 

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