El Servicio Público de la Defensa Penal de Santa Fe interpuso este miércoles un recurso de hábeas corpus colectivo y correctivo para que las personas alojadas en las cárceles de la provincia sean incluidas en el plan de vacunación contra el coronavirus, siempre que cumplan los requisitos de edad y grupos de riesgo.

La presentación fue firmada por la defensora general Jaquelina Ana Balangione y el defensor regional de Rosario, Gustavo Franceschetti, quienes enfatizaron que las personas privadas de su libertad no fueron incorporadas al operativo de vacunación.

El recurso considera que se trata de una "omisión discriminatoria" de parte de las autoridades sanitarias de la provincia por no instrumentar los mecanismos para inocular a la población carcelaria que reúne las condiciones exigidas por el plan general.

Además, el escrito añade que muchas personas alojadas en dependencias del Servicio Penitenciario provincial habrían sido inoculadas si estuvieran en libertad.

También menciona al impedimento propio de las personas recluidas en dependencias provinciales, ya que no tienen acceso a internet, cuando la inscripción para el registro de personas que desean ser vacunadas se da a través de una página web.

En ese sentido, el texto indica que "no les pueden ser afectados sus derechos que están protegidos constitucionalmente: tales el derecho a la salud y el derecho a la igualdad".

La situación se encuentra agravada debido a que en distintas unidades del territorio provincial hay internos que integran los denominados grupos de riesgo.

La presentación solicita que la justicia le ordene al Ministerio de Salud y al Servicio Penitenciario que releve la población carcelaria y que se inocule a todas las personas que corresponda, conforme al plan provincial de vacunación.