A partir de junio entró en vigencia el último mes del primer ciclo de la Ley de alquileres, que comenzó en julio del 2020, y desde los diferentes sectores hicieron un balance sobre los tres años de aplicación de la normativa en el país.

Mientras desde las inmobiliarias manifiestan que la ley fue un “gran fracaso” y necesita de un cambio, las agrupaciones de inquilinos destacan los beneficios de la norma y solicitan más intervención del Estado en cuestiones de acceso a la vivienda, como propugna esa legislación.

“Como toda normativa, necesita revisar algunos de sus artículos y también debe ser complementada por otras políticas", indicó Ariel D'Orazio, coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor, en diálogo con RosarioPlus.com. “Lo que nosotros buscábamos, que era desacelerar los aumentos de los alquileres en relación con la inflación, se ha logrado”, remarcó.

Respecto de los beneficios que lograron los inquilinos con la aplicación de la Ley Nº 27.551, el militante de la Concejalía Popular mencionó la extensión de los contratos de alquiler (de dos a tres años), la obligatoriedad del pago de impuesto que gravan la propiedad a cargo del propietario, la implementación del Índice de Contratos de Locación (ICL) como tope del aumento anual, la actualización en la devolución del depósito de garantía, entre otros puntos.

En cuanto a los puntos que no se cumplieron de la normativa, el referente de la Oficina del Consumidor recordó la falta de "políticas públicas para implementar un programa de alquiler social” y el control sobre el registro de los contratos que se realizaron en los últimos años.

“Se podría avanzar complementándola con valores de referencia en cuanto a los valores iniciales de los contratos, algo que han implementado algunos países”, comentó D'Orazio, y concluyó: “Si separamos la paja del trigo, la Ley ha establecido que los aumentos no superen la inflación, que es lo que buscábamos. Después, en los valores iniciales, lamentablemente es algo que no alcanza la ley y vemos incrementos del 200%”.

En tanto, Emmanuel Canelli, referente de la Asociación de Inquilinos de Rosario, afirmó que “la ley es un puntapén inicial, no un lugar de llegada" y destacó que las actualizaciones anuales de los alquileres, que se rigen por el Índice de Contratos de Locación (ICL), fueron menores a la inflación.

“Hace una semana salió el presidente de la Cámara de Propietarios a decir, de una manera completamente errada, que los inquilinos nos estamos enriqueciendo a costa de los propietarios. Sabemos bien que eso no es así, la ley no perjudicó al inquilino porque les venimos ganando a la inflación”, comentó Canelli.

“A un inquilino le es muy difícil pagar el alquiler y acceder a una canasta básica de alimento y cuando son las dos cosas juntos realmente es muy difícil, muy problemático, pero todo esto excede a la ley”, señaló el referente de la Asociación de Inquilinos de Rosario, en diálogo con Rosarioplus.com, y agregó: “Nosotros lo que sentimos es que si hubiese habido esta misma situación de alta inflación sin la ley, habríamos terminado pagando valores exorbitantes, que es lo que propone como reforma desde el Colegio Corredor Inmobiliario”.

Por su parte, desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe sede Rosario (COCIR) y el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios Argentino (COFECI), sostuvieron “que la situación del mercado inmobiliario locativo es cada vez más crítica” y afirmaron que la Ley de Alquileres “no hizo más que perjudicar a los dos grandes actores de este sector: propietarios e inquilinos”.

“Estamos en presencia de una ley criticada por unanimidad por el gobierno y la oposición. Fue tanto el perjuicio que ocasionó que en este caso ni siquiera existió la grieta”, comentaron desde las entidades y remarcaron que resula “indispensable tomar medidas urgentes para generar mayor previsibilidad y también incentivos para que se vuelquen más propiedades al mercado de alquiler, teniendo en cuenta que estamos en presencia de uno de los porcentajes mas bajos de la historia de propiedades ofrecidas”.

Sobre las modificaciones a la normativa, COCIR y COFECI propusieron: la reducción del plazo de los contratos y de los ajustes, permitirle a los pequeños propietarios monotributistas tener no más de tres inmuebles en alquiler agrupados en una sola actividad y otorgar incentivos a aquellos inversores que compren una vivienda y la destinen a la locación durante los primeros 10 años.

Además, pidieron créditos hipotecarios “ajustados por índice de salario y accesibles para que más personas puedan destinar lo que hoy pagan de alquiler, a la compra de una vivienda propia”.