El gobierno de Omar Perotti sorteó con menos dificultades de las esperadas su reunión de la semana con la oposición por la crisis de seguridad. Las denuncias sobre el supuesto espionaje que habrían llevado adelante el ex ministro Marcelo Saín y su staff bonaerense; aún no mostró ningún avance concreto y, es más, no tiene todavía un juez que entienda en el tema. La convocatoria había sido lanzada antes, después de los tiros a la parrilla El Establo que no impactaron de la misma manera que los disparos a Jorgito Junior’s, y los dirigentes opositores terminaron por agradecer el convite. Tras una suma de reproches varios saben que no tienen mucho para ofrecer en concreto a la hora de las soluciones reales.

La reunión tuvo un rinde político para todos los sectores. Nada más ni nada menos que eso. En la práctica hubo al menos media docena de asesinatos más tras el cónclave en Santa Fe y algunos de ellos con ribetes escalofriantes como el del sábado, donde los cuerpos de un hombre y una mujer fueron tirados en un descampado después de ser acribillados en algún otro lugar. Los fiscales y la policía, como en casi todos los casos, tienen posibilidades de avanzar sobre los responsables directos, pero nunca terminan de verse totalmente los hilos detrás de esta ola de violencia imparable en Rosario.

El desmadre que hay en las calles no puede tener su correlato político. Da toda la impresión de que varias pipas de la paz se rellenan en distintos escritorios para evitar una escalada que termine en una amenaza colectiva para todo el sistema político provincial. Hay un límite que no es el delito como se suele repetir, sino que es un statu quo que no puede seguir alterándose sin que pierdan muchos.

Demasiado vimos estos años del lado oscuro pero de ahí a creer que veremos condenas, nombres y apellidos, hay una distancia enorme. Esto no quiere decir que “son todos iguales” o que absolutamente nadie trabaja con decisión y transparencia, simplemente hay un sistema vigente que se fue puliendo con el tiempo y arma sus propios laberintos para hacer perder a quienes siguen su afán de investigar y develar.

Que de los 69 legisladores provinciales 50 hayan avalado la manera en la que fue expulsado Sain de su cargo en el Ministerio Público de la Acusación, pone en claro cómo funciona ese sistema. Con la acción pero también con el silencio. Es el mismo sistema que permite a algunos legisladores tratar de someter a sanciones a los fiscales que los investiguen o amenazar por redes sociales a magistrados y camaristas que deban tomar decisiones sensibles para el poder político. Los fiscales ya le habían pedido al gobernador Miguel Lifschitz que vete esa ley que los sometía, pero el fallecido dirigente socialista les negó esa posibilidad porque había sido votada “por unanimidad”. Aunque esa misma caracterización no le impidió vetar otras leyes de ese mismo fin de año legislativo. 

Los tibios miramientos de la Corte Suprema provincial introdujeron algunas modificaciones, pero no afectaron el fondo ni el espíritu de lo que significa la invasión de un poder sobre otro. Ahora, la diputada Matilde Bruera tiene un proyecto que flota en las comisiones para cambiar la manera de analizar la tarea de los fiscales sin someterlos a lo que ella misma llama “la inquisición” para referirse a la Comisión de Acuerdos. Cierto es también que el propio MPA llegó a niveles de politización poco recomendables para un buen funcionamiento.

Mientras tanto, la acumulación de ineficacias varias y el papel que desde la política se le otorgó a las bandas violentas en algún momento, dan este resultado de hoy donde la organización criminal casi compite con el Estado mismo en dimensiones y estructura. Los mayores criminales de Rosario están presos o muertos, pero curiosamente esa situación no trajo paz a las calles sino todo lo contrario.