El precipicio que el ajuste no puede evitar
Mauricio Macri no es Javier Milei. El ex presidente aún especula con un futuro para él, por más distópico que se le aparezca. El actual presidente está en condiciones de firmar su fugaz paso por la primera magistratura y por la política. Imagina un futuro internacional como referente de consulta de la extrema derecha, salga como salga (seguramente mal para la mayoría de los argentinos) su rarísimo experimento socioeconómico para el país.
Pero Macri aún es jefe y por eso puede mantener en suspenso qué harán sus diputados respecto de la votación sobre el veto presidencial al financiamiento universitario. Ayer se expidió largamente en redes sociales sobre una supuesta “falta de transparencia” en la rendición de cuentas de las universidades nacionales, pero se cuidó de expresar un posicionamiento definitivo.
Desde la UBA tardaron 5 minutos en desmentir con sobradas pruebas la diatriba de Macri. O tiene "un profundo desconocimiento o falta groseramente a la verdad", dice el documento firmado por el rector Ricardo Gelpi. “Las Universidades Nacionales son auditadas dentro del marco normativo vigente por la Auditoría General de la Nación (AGN), que audita a todo el Estado Nacional y no solo a las universidades. En el caso particular de la UBA, la última auditoría que la AGN realizó, finalizó en el año 2023, tal cual se desprende de la propia página web del organismo”, empieza aclarando la nota.
Y agrega que en las Universidades existen, además, “auditorías internas, cuyos responsables son elegidos por cuerpos colegiados donde todos los claustros están incluidos”. Y sostiene que “como si ello no bastara, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, recibe mensualmente una rendición de ingresos y gastos. Esa información llega todos los meses a Alejandro Alvarez, con máximo nivel de detalle según lo estipulado en las leyes de presupuesto anuales y la Ley de Administración Financiera”. Es decir, que serían imposibles más controles y que la patraña del financiamiento “político” con el que trata de engañar Macri, esconde el verdadero objetivo al que la sociedad argentina le dijo masivamente No: El desfinanciamiento de la universidad pública y gratuita.
El expresidente trata de extorsionar a Milei pero el presidente libertario ya arma por las dudas estrategias legales para incumplir con el financiamiento si el veto es rechazado en el Congreso. También desde el gobierno exploran la posibilidad de abrir la paritaria de los docentes universitarios para tratar de ganar votos entre los diputados pero sin ceder a la ley presupuestaria. Norma que, es bueno recordarlo, implica el 0,14% del PBI. Exactamente la misma cifra que pierde el Estado al ceder sobre el impuesto a los Bienes Personales sobre los sectores más ricos del país. La historia de siempre, se aprieta abajo para ceder arriba.
Pero el gobierno de Milei tiene peleas mucho más duras y desestabilizantes que la disputa por el financiamiento de las universidades públicas. Los economistas del CESO (Centro de Estudios Raúl Scalabrini Ortiz) creen que el ministro de Economía Luis Caputo prepara un decreto para un megacanje de deuda para no caer en default. Un megacanje que como en el 2001 sería extremadamente ruinoso para el país.
Sucede que en lo inmediato, el gobierno transita cierta estabilidad cambiaria impulsada por la recesión autoimpuesta y por los dólares del Blanqueo, sostiene el informe que se conoció en las últimas horas. Pero a pesar del superávit comercial, el BCRA no logra acumular
reservas netas.
La pregunta que se hacen los economistas es si “esta estabilidad de corto plazo no profundiza la fragilidad externa de los próximos años”.
Y apuntan que Argentina debe enfrentar vencimientos de deuda por más de U$S 50.000 millones en los próximos tres años. “El nuevo DNU implica que ante una nueva reestructuración el gobierno pueda aceptar condiciones más onerosas para nuestro país”. Y ahí recuerdan lo que pasó en 2001 que fue una reestructuración de deuda ruinosa, empeoró el perfil de deuda e incidió en la política económica por más de 15 años.