Además de las causas por Lesa Humanidad, la Fiscalía Federal de Rosario se encuentra investigando la tortura y violación de mujeres trans en la última dictadura cívico-militar. El caso tiene unas 18 víctimas y sigue sumando pruebas para llevar el expediente a la instancia de juicio.

“Seguimos investigando, tomamos un montón de testimonios a mujeres trans y estamos cerrando esta instancia", reveló el fiscal federal Adolfo Villate, en diálogo con RosarioPlus.com. “Tenemos que definir cómo seguimos porque nosotros creemos que fueron graves violaciones a los Derechos Humanos y no encuadran en Lesa Humanidad, porque no hay una persecución política sino de género”, agregó.

En cuanto al avance de la causa, el funcionario comentó que se solicitó la inspección de edificio de la ex Jefatura de Policía (Santa Fe, entre Moreno y Dorrego), lugar donde eran llevadas las mujeres trans para torturarlas y violarlas. “La tortura en el caso de ellas tuvo que ver con obligarlas a mantener relaciones sexuales con los policías, y en algunos casos con presos, en contra de su voluntad”, apuntó el fiscal, y aclaró: “Apenas las dejaban en libertad las volvían a detener por, según ellos, no usar ropa masculina”.

“De la mayoría de los testimonios, surge que que estas persecuciones que sufrieron las mujeres trans en aquel momento, no solo se dieron a la Dictadura, sino que sucedieron también antes y después”, remarcó Villate, y concluyó: “Tiene que ver con formas de actuar de las Fuerzas de Seguridad, que exceden la cuestión vinculada a la Dictadura Militar; tiene que ver con un odio a la comunidad Trans”.

Audiencia histórica en el juicio “Brigadas”

La investigación por la tortura y violación de mujeres trans en la última dictadura cívico-militar tiene algunos antecedentes en la Justicia argentina. El 19 de abril de 2023, declararon en el juicio “Brigadas” cinco mujeres trans que fueron víctimas de la última dictadura cívico-militar. Las sobrevivientes Carla Fabiana Gutiérrez, Paola Leonor Alagastino, Julieta González, Analía Mártires Velázquez y Marcela Daniela Viegas Pedro testimoniaron sobre los crímenes específicos que sufrió el colectivo travesti/trans durante el terrorismo de Estado.

Todas ellas se prostituían para vivir. En varias oportunidades fueron secuestradas en la calle por las fuerzas de seguridad y llevadas al centro clandestino de detención “Pozo de Banfield”, que funcionaba en las Brigadas de Investigaciones de la Policía Bonaerense en Banfield, en el que convivían presos comunes con las personas desaparecidas. Las cinco declararon que mientras estaban cautivas sufrieron torturas, vejaciones y violaciones.

Carla Gutiérrez contó que fue llevada varias veces a ese lugar, donde vivió un “calvario”. “Tenía 14 o 15 años. Me sacaron los zapatos que llevaba, me dejaron medio desnuda, y para comer tenía que pedirle si tenían alguna sobra y para eso había que pagar. El pagar de ellos era con sexo”.

“Tenía 17 años cuando me llevaron adentro del baúl de un auto. Pensaba que me iban a matar, pero gracias a dios no sucedió. Fui muy maltratada, violada, [sufrí] cortes de pelo, palos. Pasé hambre, frío, y querían sexo. Y si no había sexo eran palos”, relató Paola Alagastino sobre su cautiverio en 1977.

Ambas sobrevivientes declararon por videoconferencia desde Italia, donde residen desde hace años. Explicaron que mientras estuvieron secuestradas en celdas individuales, en otro piso se escuchaban los gritos de las personas que eran torturadas. “Las luces vibraban”, señaló Alagastino.

Analía Velásquez declaró haber estado seis o siete veces en el “Pozo de Banfield”. “He pasado torturas de todo tipo, [incluso] psicológico, me han violado, he escuchado cosas muy horribles por las noches. Continuamente se sentía la muerte; se sentían los gritos de las personas a las que les daban picana”.

Marcela fue detenida-desaparecida a fines de 1978 o principios de 1979. Fue secuestrada una noche, encapuchada y llevada a un lugar que desconocía. A diferencia de las otras sobrevivientes, ella sí fue torturada con picana eléctrica. “Sistemáticamente me venían a buscar, me ponían una capucha, me tiraban en una cama, me ataban y me ponían ‘220’. Ellos querían que dijera los nombres de los chicos con los que salía, sus domicilios y de qué hablaban, pero mi única relación con ellos era sexual, no conocía siquiera sus nombres. No sólo eso; sino también me violaban y después me volvían a la celda”, recordó conmocionada.

Julieta González tenía 19 años cuando fue detenida ilegalmente en la Brigada de Investigaciones de San Martín y luego en Banfield. “Nos hacían cocinar, lavar los autos, limpiar y abusaban sexualmente de nosotras”, dijo; y declaró que escuchó contantes gritos de dolor así como los llantos de un bebé que nació en ese lugar.

Luego de las víctimas, la última en declarar fue la testigo especialista Marlene Wayar, psicóloga social y activista trans, quien explicó la persecución sufrida por el colectivo travesti/trans durante la dictadura. “En este período podemos marcar una re intensificación de la persecución y una especificidad para conseguir un perfil ciudadano obediente, nacionalista, enmarcado dentro del concepto de heterosexualidad obligatoria”, explicó. La experta sostuvo: “La travesti es la evidencia misma de esa disidencia. El cuerpo es la evidencia”. “Entendían a las disidencias sexuales en el ejercicio de la prostitución como una amenaza al pensamiento nacional, cristiano, familiero”, añadió.

El juicio “Brigadas”, que comenzó en octubre de 2020, tiene a 15 represores acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 442 víctimas. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es querellante en este debate y acompaña a sobrevivientes y familiares a través de la Coordinación de Asistencia a Testigos Víctimas.