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Hace una semana la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó una presentación judicial contra Google por presunta difamación, y solicitó “una pericia informática urgente” a la empresa, debido a una leyenda que apareció en el buscador en reemplazo de su actual cargo público. El 17 de mayo en el panel de conocimiento de Google, aparecía "Ladrona de la Nación" en lugar del cargo institucional que actualmente ocupa, algo que en la presentación realizada se catalogó como violatorio de los derechos personalísimos de la mandataria. 

El Fuero Federal Civil y Comercial hizo lugar a su pedido. La resolución judicial ordenó la realización de la pericia, como prueba previa, para determinar el alcance del daño perpetrado y obliga al gigante informático a conservar todos los datos asociados al nombre "Cristina Fernández de Kirchner" y "Cristina Kirchner" a partir del 17 de mayo de 2020 hasta el día en que se lleve adelante el peritaje informático.

La medida, además, ubica a Google como la exclusiva propietaria, administradora y responsable del contenido de la plataforma y del riesgo que conlleva la pérdida de la información a la hora de mensurar daños y perjuicios para producir una prueba anticipada. 

Ahora corresponderá determinar el lugar, día y hora de la pericia, de la que deberán estar informadas todas las partes, y será labor de un experto en informática expedirse sobre cada uno de los puntos de pericia propuestos.

Pero el planteo que encara Cristina Kirchner va más allá del hecho puntual y así lo declaró a través de la red social Twitter, cuando dio a conocer la presentación que hizo ante la justicia. "La acción judicial también pretende plantear una cuestión compleja y profunda, propia de los tiempos que corren: ¿Existe algún tipo de defensa para las personas que resultan víctimas de este tipo de acciones perpetradas por un gigante informático como Google?", interpeló la vicepresidenta.

El abogado Luis Goldín, quien lleva adelante la causa, afirmó en diálogo con la prensa que el objetivo de la demanda es lograr una "jurisprudencia mundial que amplíe derechos y proteja la intimidad de todos y todas". Y agregó: "No puede ser que cuando aparecen mentiras y difamaciones el daño no tenga límites y los ciudadanos queden desprotegidos ante estas situaciones".

"Google es una empresa que tiene un patrimonio en bolsa informado de 968 billones de dólares, y es el buscador más importante del planeta, pero la responsabilidad de buscar ampliar derechos y proteger intimidad de los ciudadanos es mayor", agregó el abogado.

El debate planteado es propio de este tiempo. ¿Quién protege a los ciudadanos de la red? Ante difamaciones, pero también de ser consumidores de fakes news, de estar estigmatizados por un hecho del pasado, o de ver dañada su integridad personal por la viralización de contenido privado. Pero no por actual, tiene una resolución simple. Muchas de estos aspectos mencionados entran en tensión al tratar de dirimir cuestiones muy sensibles entre el derecho al honor y a la intimidad por un lado, y el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información por el otro.