La investigación científica en Argentina está amenazada por posibles modificaciones que pueden significar un golpe severo para su financiamiento y funcionamiento. La administración de Javier Milei, a través de las facultades que le concede la Ley Bases, puede intervenir en distintos organismos estatales bajo el pretexto de la emergencia económica.

La administración libertaria tiene libertad de acción hasta junio de 2025 para hacer cambios o fusiones en organismos estatales, y está enfocada en el sistema de ciencia y tecnología. Por ese motivo, está preparando un Decreto que propone fusionar organismos, modificar esquemas de financiamiento y provincializar institutos.

Ante estas versiones, la comunidad científica encendió las alertas y el próximo lunes hay convocada una asamblea. Se estudia una mega movilización de científicos y académicos contra la posible medida del Poder Ejecutivo para las próximas semanas.

El plan consiste en transferir áreas de organismos como el CONICET a las provincias, lo que dejaría bajo la administración regional varios de los 330 institutos de investigación que forman parte de esta institución clave para la ciencia en el país.

Provincialización del CONICET 

Al igual que en los años ’90, cuando el ex presidente Carlos Menem descentralizó el sector educativo, Javier Milei busca aplicar la misma estrategia en el ámbito de la ciencia. Esta medida tendría un impacto directo en la estructura de la ciencia y la tecnología, justificada por la necesidad de reducir el déficit público y el gasto estatal.

Esto se hace a costa de un organismo esencial para promover el desarrollo mediante la incorporación de valor agregado a los procesos productivos.

Para la administración de Milei, sin embargo, estos efectos no parecen relevantes, ni lo son para Daniel Salamone, su representante en el CONICET.

La iniciativa libertaria tiene como objetivo reducir el presupuesto del organismo, limitar los ingresos a la carrera de investigador y cambiar su esquema de financiamiento.

Esto impactaría negativamente en el desarrollo de proyectos de investigación en diversas áreas, afectando tanto a científicos con trayectoria como a aquellos que están comenzando su carrera en Argentina.

Aunque la Ley Bases impide reestructuraciones, permite que se derogue el estatuto de la Carrera de Investigador Científico (CIC) y el Personal de Apoyo (CPA) mediante un decreto.

De derogar este estatuto, se modificarían los regímenes de compatibilidad, lo que permitiría a los investigadores realizar otras actividades y reduciría las remuneraciones exclusivas que hoy reciben del Estado.

Esto desincentivaría la carrera científica en Argentina, obligando a los investigadores a buscar empleos adicionales para complementar sus ingresos, lo que afectaría la dedicación a la investigación y la calidad de los proyectos.

Fusión del INTA (Agro) con el INTI (Industria)

El decreto también menciona la fusión de organismos clave para el impulso de la actividad productiva mediante el conocimiento. En este contexto, el INTA, el INTI y la CONAE están en la mira para reducir personal.

El CONICET cuenta con más de 26.000 trabajadores, incluyendo investigadores, personal técnico y administrativos. Entre los científicos, existe preocupación de que una descentralización pueda generar la pérdida de la capacidad de abordar problemas nacionales y estratégicos, fragmentando la respuesta del organismo.

Además, se teme que Milei intente sacar las ciencias sociales y humanas del CONICET y transferirlas a las universidades nacionales. Estas disciplinas representan cerca del 25% del organismo. Los científicos creen que esta fragmentación dificultaría una respuesta integral a los problemas nacionales.