Despidos y "retiros voluntarios", los fantasmas que vuelven con Milei

“La historia nunca se repite, pero muchas veces rima”. La frase del escritor Mark Twain parece describir a la perfección la actualidad del país. Tras la crisis del 2001, la clase trabajadora argentina inició un proceso de recuperación económica que tuvo su quiebre en 2015. Con las medidas del macrismo, y la falta de protección al sector por parte de la gestión del Frente de Todos, el poder adquisitivo de los argentinos se vino a pique en ocho años y la solución que Javier Milei presenta como novedosa no es más que la reformulación de las viejas recetas.

En materia de derecho laboral, el admirador de Friedrich Hayek propone la implementación de una reforma similar a la que se aplicó en los años setenta, con la dictadura cívico-militar, y los noventa, con el menemismo. 

“Esto no es lo nuevo que han prometido, sino que es una reiteración, en mayor o menor medida, de lo que ya tuvimos en la década del ‘70, del ’90 y en este siglo, con el gobierno de 2015 a 2019”, aseguró el abogado laboralista Sebastián Serrano Alou en diálogo con Rosarioplus.com, sobre las propuesta del presidente electo.

Respecto de las medidas que impulsa el libertario, el magister en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales anticipó: “Todo parece indicar que va a haber un avance más fuerte y violento sobre los derechos de los trabajadores, después hay cosas en el camino que van cambiando porque si esta persona hace todo lo que dijo va a haber un estallido social”.

Según el letrado, “la quita de derechos de las personas que trabajan, presentada como una necesidad para que todo funcione mejor", sólo va a lograr que "que quienes peor estaban sigan en esa pendiente pero con más velocidad”.

Ocho años en caída

Sobre la situación de los trabajadores en los últimos años, Serrano Alou describió la situación del sector durante el macrismo y el albertismo.

“Entre 2015 y 19, el intento de quita de derechos hacia la clase trabajadora fue muy clara y proactiva, con despidos de todo tipo y el boicoteo a las paritarias", señaló el abogado laboralista. En este período, según el especialista, no se puedo implementar una reforma laboral acorde al pedido del poder económico, pero se logró un "avance legislativo a favor de la ART, que son las principales protegidas y beneficiadas dentro del ámbito el foro del trabajo”.

Tras la gestión de Cambiemos “se permitió que algunos derechos de deterioraran, el más conocido es el del salario". 

“Hubo algunas medidas iniciales que parecían que iban a cambiar la cuestión, como la doble indemnización o la nulidad de despidos cuando se inicio la pandemia, pero en cada una de estas cuestión, luego, por presiones, se empezó a retroceder”, remarcó el letrado y lamentó: "Después hubo indicadores que cambiaron positivamente, como el desempleo, pero en condiciones en las cuales no se habían visto en la historia, donde los trabajadores registrados no le ganaban a la inflación y empezaban a caer por abajo de la línea de la pobreza”.

Asimismo, Serrano Alou apuntó contra el Poder Judicial por su “tendencia en generar reformas regresivas de hecho”, es decir, lo que no se logra de forma legislativa, se impone a través de fallos judiciales. “Entre 2015 y 2019, el golpe a la clase trabajadora fue por una acción directa; de 2019 a 2023 fue por la falta de acción protectoria concreta y fuerte”, concluyó.

Fantasmas que vuelven

Aunque todavía restan algunos días de la gestión de Alberto Fernández, los nuevos vientos ya soplan en algunas regiones del país. El miércoles pasado, la automotriz Nissan-Renault planteó el retiro voluntario para 450 trabajadores de su planta en Córdoba, anuncio que se sumó al realizado a fines de octubre por Mercedes Benz Argentina de La Matanza, y al que se habrían plegado 140 trabajadores. 

En la misma sintonía, el grupo Mirgor, uno de los principales fabricantes de electrónicos y autopartes de Tierra del Fuego, comunicó que a partir del 1 de diciembre no renovará los contratos con los que operan unos 450 operarios y adelantará vacaciones a otros, al argumentar "dificultades para el abastecimiento de insumos" que atraviesa el sector.

“La figura de retiro voluntario no está en la Ley de Contrato de Trabajo, si un trabajador se quiere ir no negocia con nadie y se va”, aclaró, y continó: “Estos ‘retiros voluntarios’ los buscan enmarcar en una figura que es el mutuo acuerdo, es decir, una desvinculación negociada entre las partes”.

"En el macrismo, como en la década del noventa, esta figura era muy utilizada. En verdad no es una negociación entre las partes porque a ambas le conviene, sino que viene el empleador y le dice al trabajador ‘en este contexto tan difícil yo te quiero dar esto; o lo agarrás conforme y te vas silbando bajito o te despido, no te pago nada, y capaz de acá a muchos años cobres con suerte, si la empresa no cerró, un crédito totalmente devaluado"’", comentó el abogado laboralista.

Estos despidos encubiertos, que fueron tan utilizados en el macrismo, tiene un antecedente emblemático en Rosario. “En nuestra ciudad tuvo mucha relevancia en la década de los '90 por los pretendidos mutuos acuerdos que hizo Acindar”, recordó el especialista en derecho laboral, que realizó un destacado estudio sobre el tema. “Los fallos que terminaron de definir este asunto, y de darlo vuelta hacia el lado de la protección de los trabajadores, se dieron entre 2014 o 2015”, indicó Serrano Alou.

El “shock” que se viene

Por último, Serrano Alou analizó las propuestas que Milei anticipó durante su campaña presidencial. “Muchas de las cosas que se están planteando se hacen como si la Constitución Nacional no existiera”, manifestó el abogado e insistió: “El artículo 14 bis, que tanto se denosta, está vigente”.

“Si quieren quitar la indemnización por despidos, es inconstitucional por violar protección frente al despido arbitrario del artículo 14 bis y por ser regresivo en contra de los tratados internacionales y la Constitución”, explicó el experto en derecho laboral, y agregó: “En cuanto a los trabajadores que ya están registrados, los derechos adquiridos no se pueden quitar por una ley posterior, siempre debe ser una modificación que implique un progreso real frente a lo que se tenía”.

Sin embargo, a pesar de la inconstitucionalidad de algunas iniciativas, el letrado se mostró escéptico sobre el respeto a la “Carta Magna” por parte del poder judicial. “En los noventa, había reformas que no debían ser consideradas válidas por estar en contra de la Constitución, igualmente los jueces y juezas, en su mayoría, hicieron caso omiso a esto”, indicó.